La ausencia de la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) de Coyhaique, María Patricia Baeza, en la audiencia judicial relacionada con el agresor de Nabila Rifo, abrió un flanco de cuestionamientos políticos hacia el organismo.

Según antecedentes difundidos por BBCL Investiga, la autoridad llegó con varios minutos de retraso al tribunal, lo que impidió su ingreso cuando la sesión ya había comenzado. El hecho fue interpretado por parlamentarios de Renovación Nacional como un acto de desidia institucional, por lo que oficiaron a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, exigiendo medidas disciplinarias inmediatas.

Los diputados Frank Sauerbaum y Carla Morales, jefe y subjefa de bancada respectivamente, calificaron lo ocurrido como “un nuevo tropiezo del SernamEG”, señalando que “una autoridad que no llega a tiempo a un procedimiento de esta naturaleza demuestra una preocupante falta de empatía con las víctimas de violencia”.

Asimismo, cuestionaron que la sede regional del servicio se encuentre a escasos metros del tribunal y aun así su representante no haya podido asistir a tiempo. “Es un gesto simbólicamente grave, porque el Estado debe estar presente en cada instancia donde se defiende a las mujeres”, afirmaron.

El oficio ingresado por los legisladores acusa que el episodio “deteriora la credibilidad del servicio y debilita la confianza ciudadana”, emplazando a la ministra Orellana a dar una señal clara disponiendo la salida de la funcionaria.

Respuesta desde el nivel central del SernamEG

La directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, salió al paso de las críticas señalando que el tema “ha sido sobredimensionado” y que el servicio “ha cumplido rigurosamente su labor jurídica”.

Carrasco explicó que el abogado del SernamEG participó activamente en la audiencia, exponiendo los argumentos del organismo y alegando que la víctima no habría sido notificada de forma adecuada. Según la autoridad, Gendarmería presentó documentación que respalda esa situación, indicando que el domicilio notificado actualmente funciona como dependencia pública.

“Nos preocupa que este tipo de episodios distraiga la atención del fondo del recurso que hemos interpuesto, que busca precisamente resguardar los derechos de la víctima”, puntualizó Carrasco, quien aseguró que ahora corresponde esperar la resolución de la Corte de Apelaciones.

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