CDE presenta querella por soborno y lavado de activos contra pareja de exministra Vivanco en caso “Muñeca Bielorrusa”
El Consejo de Defensa del Estado interpuso una acción penal contra Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, junto a abogados y conservadores de Bienes Raíces, por presuntos delitos de corrupción vinculados al consorcio Belaz Movitec y millonarios pagos de Codelco.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este miércoles 5 de noviembre una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y otros cuatro involucrados, por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, en el marco del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.
La acción judicial también apunta a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, además de los Conservadores de Bienes Raíces Yamil Najle (Chillán) y Sergio Yáber (Puente Alto), quienes habrían participado en una red de pagos irregulares destinados a beneficiar al Consorcio Belaz Movitec (CBM) en juicios con Codelco.
Según el libelo, Migueles habría recibido transferencias económicas a cambio de gestiones que la exministra Vivanco habría realizado en favor del consorcio, aprovechando su posición en la Tercera Sala de la Corte Suprema. Dichas actuaciones habrían derivado en fallos favorables para CBM, afectando los principios de probidad e imparcialidad judicial.
El caso, una de las aristas del “caso Audio”, tomó fuerza luego de que la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, ingresara una querella de capítulos contra Vivanco, solicitando su eventual formalización y medidas cautelares.
De acuerdo con la investigación, las resoluciones firmadas por Vivanco obligaron a Codelco a pagar más de $17.500 millones al consorcio chileno-bielorruso, recursos de los cuales una parte habría sido desviada hacia Migueles mediante intermediarios y sociedades vinculadas a los conservadores y abogados imputados.
El CDE calificó los hechos como una “trama de corrupción institucional” que pone en riesgo la confianza pública y la integridad del Poder Judicial, comprometiendo además la transparencia en la administración de justicia.
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