Prisión preventiva para funcionario de Aduanas y 10 imputados por millonario contrabando de cigarrillos en Quillota
Editado el 25 noviembre 2025 @ 19:42 por Prensa UCV Radio
La banda ingresó cargamentos valorizados en $3 mil millones mediante dos camiones provenientes de Arica. Entre los detenidos figuran un funcionario público, un ciudadano argentino y responsables de operar empresas fachada para blanquear los ingresos ilícitos.
Un total de 11 personas quedaron en prisión preventiva tras ser formalizadas por su participación en una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en Quillota, región de Valparaíso. Entre los imputados se encuentran un ciudadano argentino y un funcionario del Servicio Nacional de Aduanas, mientras que un doceavo detenido quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario.
El cargamento ilegal había ingresado al país desde Arica a bordo de dos camiones que se desplazaron hasta la región de Valparaíso, con un avalúo total que asciende a los $3 mil millones. La investigación reveló que el funcionario de Aduanas —con domicilio en Iquique— facilitaba el ingreso de los cargamentos omitiendo controles obligatorios.
De acuerdo con el fiscal Ignazio Rivera, el funcionario no solo enfrenta cargos por asociación ilícita y contrabando, sino también por cohecho. El Ministerio Público destacó que el imputado mantenía bienes de alto valor, como artículos de lujo, que no se condicen con su sueldo mensual inferior al millón de pesos.
Durante el operativo, las policías recuperaron más de $2.200 millones en efectivo, además de miles de cajetillas de cigarrillos de contrabando. También se incautaron inmuebles, se congelaron al menos nueve cuentas bancarias y se decomisaron dos pistolas, una escopeta y municiones asociadas al líder de la banda, quien utilizaba el arsenal para proteger los cargamentos.
La Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, informó que la institución activó todos los protocolos internos y que se iniciarán acciones penales contra el funcionario involucrado.
La investigación también estableció que la organización utilizaba empresas fachada para mover las cargas ilícitas y blanquear parte de las ganancias, configurando además el delito de lavado de activos.
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