El comercio informal ha sido una problemática histórica en la Ciudad Puerto. Desde distintas administraciones municipales se optó por otorgar permisos temporales a vendedores ambulantes, quienes mediante un pago podían ejercer en puntos determinados del centro. Con la Ordenanza sobre ocupación de bienes nacionales de uso público para ejercer temporalmente el comercio, se llegó a entregar más de 400 permisos, cifra que se disparó durante la gestión del exalcalde Jorge Sharp, cuando pasaron de 21 (2008-2016) a 473 en 2022.

Sin embargo, con la llegada de Camila Nieto, se implementó un nuevo criterio: reducir permisos y reforzar el ordenamiento del espacio público. La decisión conocida esta semana se formalizó a través de un decreto alcaldicio, mediante el cual se ordenó poner fin a 129 permisos otorgados entre 2020 y 2022, tras comprobar que los beneficiarios no pagaban desde hace meses o años. En algunos casos, los comerciantes abonaron solo el primer mes y siguieron ejerciendo sin regularizar. Otros habían cumplido por un tiempo, pero dejaron de hacerlo desde 2024.

El municipio explicó que el objetivo es garantizar que el comercio se desarrolle en un marco institucional y ordenado, evitando la proliferación descontrolada de ambulantes que congestionan calles como Uruguay, donde se concentra un cuarto de los 1.800 vendedores informales detectados en la comuna. La alcaldesa Nieto sostuvo que la medida responde a la necesidad de ordenar el espacio público y que busca recuperar la ciudad para sus habitantes. “En el marco de la nueva ordenanza que regula y reordena el comercio ejercido en espacios públicos, se dio término a aquellos permisos que no fueron pagados por años. Queremos que el comercio en Valparaíso se desarrolle de forma ordenada y dentro de la institucionalidad”, señaló la jefa comunal.

Con la revocación de estos 129 permisos, la cifra de autorizaciones activas se reduce a 387, lo que representa un retroceso frente al alza sostenida registrada en la administración anterior. El desafío del municipio será garantizar que los espacios liberados no sean reocupados de manera irregular, y que la ordenanza se aplique de forma consistente para equilibrar la necesidad de orden con el sustento de cientos de familias que dependen del comercio callejero.