En materia de activismo medioambiental y de seguridad sobre lo mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Julia Chuñil, activista mapuche desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en un predio forestal de Máfil, en la Región de Los Ríos. 

La dirigente, quien desde 2018 había denunciado hostigamientos por defender 900 hectáreas de bosque nativo, fue calificada por el organismo internacional como víctima de una situación “grave y urgente”, con riesgo de daño irreparable. Mediante la Resolución 48/2025, emitida el pasado 14 de julio, la CIDH instó al Estado chileno a redoblar esfuerzos para esclarecer su paradero, tan solo dos días más tarde, la familia Chuñil tuvo que celebrar el primer cumpleaños de Julia sin su presencia. A ocho meses de su desaparición, sus familiares han acusado hostigamiento de la fiscalía y falta de transparencia, motivo por el que acudieron a la CIDH, representados por la ONG Escazú Ahora y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).

Sebastián Benfeld, vecino de Quilpué y dirigente de Escazú Ahora, instó a crear condiciones institucionales que eviten futuras desapariciones como la de Julia Chuñil, declarando además, que la resolución “envía una señal clara sobre la urgencia de proteger a quienes defienden la tierra, el agua y el medioambiente.

Y es que la solicitud de medidas fue presentada en enero por la CODEPU y la Fundación Escazú Ahora, amparada en el Acuerdo de Escazú, que protege a personas defensoras del medioambiente. Desde la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), su presidenta, Juana Aguilera, declaró que el pronunciamiento de la CIDH reorienta una investigación “sesgada” llevada por el Ministerio Público, centrada en la familia de la dirigente. 

Además, recordó que Chile ratificó la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, por lo que debe aplicar los principios rectores de Naciones Unidas para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Sobre la misma, advirtió que varios defensores y defensoras fueron víctimas de hostigamientos y muertes no esclarecidas, lo que exige al Estado priorizar la justicia ambiental.

El hijo mayor de la activista, Pablo San Martín, señaló el desconcierto que sienten como familia al no existir un avance concreto en la investigación, enfatizando en que el Estado tiene que redoblar sus esfuerzos y destinar más recursos. Desde 2018, Chuñil había sido víctima de amenazas, intimidaciones y ataques contra su propiedad por parte de empresarios locales interesados en explotar el bosque nativo. La Fiscalía chilena, por su parte, informó en enero la aplicación de un protocolo de derechos humanos derivado del Acuerdo de Escazú para reforzar su búsqueda.

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