El futuro de la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, continúa en suspenso. A solo dos días de que venza el plazo judicial fijado para el desalojo, anunciado este miércoles 27 de agosto, aún no existe un acuerdo entre el Gobierno y los dueños de los terrenos, donde residen alrededor de 11 mil personas en más de 250 hectáreas.

La medida ya había sido pospuesta en dos ocasiones: primero en noviembre de 2024, cuando el Ejecutivo solicitó una prórroga, y luego en enero de este año, fecha en que la Corte volvió a retrasar la orden de desalojo hasta fines de agosto. En febrero, el Ministerio de Vivienda (Minvu) buscó avanzar en una salida a través de cooperativas habitacionales para que los ocupantes accedieran a la propiedad mediante créditos, pero esa alternativa se ha ido debilitando con el correr de los meses. Uno de los principales nudos es el financiamiento. Los propietarios exigen un compromiso explícito del Banco Estado como garante de los créditos a las cooperativas, mientras que el Minvu asegura haber sostenido conversaciones con esa institución y con otra entidad financiera, aunque sin un aval claro frente a eventuales incumplimientos de pago.

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, expresó su inquietud ante la inminencia del plazo: “El 27 de agosto vence el tiempo para que la mesa instalada en el Minvu entregue luces de un posible acuerdo, y todavía no vemos que se haya concretado”. Según trascendió, este domingo se fijó un plazo interno para delinear un protocolo de acuerdo que debería ser informado el lunes a las autoridades.

En caso de que no se logre un entendimiento, los dueños de los terrenos deberán presentar un “téngase presente” ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y solicitar la ejecución de la sentencia de desalojo. Ello abriría un nuevo proceso de coordinación con el Ministerio de Seguridad, la delegación provincial y los municipios de San Antonio y Cartagena para definir cómo materializar la medida.

La diputada PPD Carolina Marzán también llamó a las autoridades a asumir la urgencia de una salida que evite un desalojo masivo: “Hablamos de más de 10 mil personas, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad y familias completas. Esto es equivalente a desalojar a una comuna entera. La incertidumbre es el peor de los caminos y esperamos que en las próximas horas se logre un acuerdo entre el Gobierno y los propietarios”.

La parlamentaria subrayó que el impacto social, logístico y emocional de un eventual desalojo sería de gran magnitud y pidió que las negociaciones consideren la vulnerabilidad de las familias que actualmente habitan el cerro Centinela.

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