Natalia Álvarez Murillo, propietaria vinculada a la empresa Probarte Banquetería SpA, se entregó este martes ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y quedó en prisión preventiva, en el marco de la investigación por presuntas estafas a parejas que habían contratado servicios para sus matrimonios.

La mujer, acusada por el Ministerio Público de estafa reiterada, se presentó después del mediodía ante el tribunal luego de que distintas resoluciones judiciales determinaran su ingreso a prisión preventiva. La medida será cumplida en el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Su abogado, Pablo Ehrenberg, explicó que la entrega se produjo una vez que se agotaron las distintas acciones judiciales impulsadas por la defensa para revertir la medida cautelar.

Álvarez había quedado inicialmente en libertad tras pagar una caución de $5 millones. Sin embargo, posteriormente la resolución fue modificada luego de recursos presentados por los querellantes y el Ministerio Público. La defensa recurrió además a otras instancias, incluida la Corte Suprema.

“Ya no existiendo ninguna vía legal y judicial que proceda en este país, lógicamente que determina y era claro que se iba a presentar ante los tribunales de justicia”, señaló Ehrenberg.

Defensa cuestiona imputación de estafa

El abogado sostuvo que la defensa decidió no optar por un procedimiento abreviado y que su representada enfrentará el proceso judicial para acreditar su versión de los hechos.

Ehrenberg remarcó que Álvarez mantiene su calidad de imputada y que no existe una condena en su contra.

“Hablar de estafa reiterada en relación a mi representada es adelantarse a los hechos”, afirmó el defensor, quien insistió en que debe respetarse la presunción de inocencia.

Uno de los principales argumentos de la defensa apunta a los contratos suscritos con los clientes. Según Ehrenberg, estos documentos fueron celebrados con Probarte y contemplaban determinadas condiciones respecto de los pagos y eventuales cancelaciones de los matrimonios.

El abogado sostuvo que algunos contratos establecían que los clientes podían perder parte de los montos entregados si desistían de realizar el matrimonio, por lo que, desde su perspectiva, los hechos investigados corresponderían a eventuales incumplimientos contractuales y no al delito de estafa.

Respecto de los matrimonios que finalmente no habrían recibido los servicios contratados, afirmó conocer cuatro casos específicos. Según su versión, en tres de ellos los clientes no habrían pagado la totalidad del monto acordado, mientras que en otro sí se habría completado el pago.

Ehrenberg atribuyó la responsabilidad contractual a Probarte y señaló que dicha empresa estaba vinculada a José Galarce, también imputado en la causa.

“Y en ese caso el responsable directamente es Probarte. ¿Y Probarte de quién era? De don José Galarce, que es el cónyuge de la coimputada que está en la presente causa”, sostuvo.

El defensor también cuestionó que pueda configurarse el delito de estafa y argumentó que Probarte mantenía una actividad previa a los hechos investigados.

“No es una empresa que nació de la noche a la mañana para salir a estafar a la gente”, afirmó.

Investigación involucra a cerca de 60 parejas

La investigación apunta a presuntos incumplimientos y cobros asociados a servicios de banquetería contratados por decenas de parejas. De acuerdo con los antecedentes conocidos de la causa, serían cerca de 60 los matrimonios afectados.

La defensa, sin embargo, sostiene que los antecedentes deben ser analizados a partir de los contratos suscritos y cuestiona que los hechos puedan ser considerados como una estafa reiterada.

En la misma causa figura José Galarce, quien optó por un procedimiento abreviado y fue condenado a una pena de 300 días de presidio remitido, además del pago de una multa de 5 UTM.

Vinculación con el Festival de Viña

Entre los antecedentes que han rodeado el caso también aparece la participación de Probarte Banquetería SpA en la gala del Festival de Viña del Mar 2025.

Además, el comediante Juan Antonio Alcayaga Sasso, conocido como “Don Carter”, denunció públicamente que su nieta se encontraba entre las personas que habrían sido afectadas por la situación.

La investigación continúa mientras Álvarez permanece en prisión preventiva y la defensa prepara sus próximos pasos judiciales.

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