El presidente Gabriel Boric retornó este viernes a Santiago luego de su gira por Rapa Nui y se trasladó directamente al Palacio de Palacio de La Moneda para abordar la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar las visas a tres funcionarios de su administración.

A su llegada, el Mandatario sostuvo una reunión con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el canciller Alberto van Klaveren, con el objetivo de evaluar los alcances diplomáticos y políticos de la medida comunicada por el Departamento de Estado.

Durante la jornada, autoridades estadounidenses informaron la aplicación de restricciones de visa contra integrantes del actual Gobierno chileno, a quienes acusan de haber participado en acciones que habrían afectado infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Según Washington, la decisión responde a criterios de seguridad regional.

De acuerdo con lo publicado por La Tercera, entre los sancionados se encuentra el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. También estarían incluidos el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Nota de protesta

La sanción contempla la anulación de visas vigentes y la prohibición de ingreso a territorio estadounidense, tanto para los funcionarios señalados como para sus familiares directos.

En respuesta, el canciller Van Klaveren confirmó que el Ejecutivo envió una nota formal de protesta a la administración estadounidense. La comunicación diplomática fue remitida tras una reunión con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

El ministro de Relaciones Exteriores señaló que se trata de medidas unilaterales adoptadas por Washington contra autoridades del Gobierno chileno.

Mientras tanto, el Presidente permanece en La Moneda junto a su equipo ministerial analizando el impacto de la decisión anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el marco de la política exterior impulsada por el presidente Donald Trump.

Desde Estados Unidos se argumentó que la determinación busca resguardar intereses de seguridad nacional en la región. Asimismo, la declaración incluyó referencias al escenario político chileno, mencionando la disposición de Washington a colaborar en materias de seguridad con la futura administración del presidente electo, José Antonio Kast.

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