El Ministerio de Relaciones Exteriores defendió la decisión de desvincular a la exembajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien presentó una demanda de tutela laboral en contra del Estado y solicita su reincorporación al Servicio Exterior, disculpas públicas y compensaciones que en conjunto superarían los $100 millones.

La acción judicial sostiene que la diplomática de carrera habría sido objeto de una serie de cuestionamientos y acciones de desacreditación luego de manifestar públicamente su respaldo a la libre determinación de Rapa Nui a través de redes sociales. Aquella situación derivó en su salida de la Embajada de Chile en Nueva Zelanda durante el gobierno de Gabriel Boric.

Pakarati regresó a Chile a comienzos de 2026 y posteriormente fue destinada a la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública. Sin embargo, su permanencia en esa repartición fue breve, ya que durante la actual administración del Presidente José Antonio Kast se solicitó su salida definitiva del Servicio Exterior.

La exrepresentante diplomática sostiene que esta decisión constituye una segunda sanción por los mismos hechos que motivaron su remoción anterior. En declaraciones a La Radio, afirmó que el Ejecutivo invocó una supuesta pérdida de confianza para solicitar su renuncia, pese a que la situación ya había sido abordada meses antes.

“Se me pide la desvinculación definitiva” por el mismo hecho, sostuvo Pakarati, calificando la situación como una “doble sanción” y argumentando que una persona no puede ser sancionada dos veces por una misma conducta.

Junto con solicitar su reincorporación, la exembajadora pide que se entreguen disculpas públicas, se eliminen antecedentes que considera perjudiciales para su trayectoria profesional y se establezcan indemnizaciones que superarían los $100 millones.

En medio de la controversia, la diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, evitó tomar una posición respecto del fondo del conflicto laboral, aunque enfatizó la necesidad de que las decisiones relacionadas con funcionarios de carrera estén debidamente fundamentadas.

La parlamentaria también llamó a garantizar el debido proceso y a transparentar los criterios utilizados por la autoridad para adoptar este tipo de determinaciones.

Desde Cancillería, en tanto, descartaron que la salida de Pakarati haya respondido a algún tipo de discriminación y señalaron que la decisión se tomó dentro de las facultades que la legislación entrega al Presidente de la República.

A través de una respuesta escrita, el Ministerio sostuvo que actuó conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución, recordando que el cargo de embajador corresponde a una designación de exclusiva confianza del jefe de Estado.

La cartera agregó que la determinación fue adoptada luego de revisar y ponderar los antecedentes relacionados con el caso, considerando además la decisión de la administración anterior de retirar a Pakarati de sus funciones como embajadora en Nueva Zelanda.

El conflicto deberá ahora ser abordado en sede judicial, donde se determinará si la desvinculación cuestionada se ajustó a la normativa vigente y si, como sostiene la exdiplomática, existió una vulneración de sus derechos laborales.

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