El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile expresó su rechazo al Ordinario 1691 de la Dirección de Educación Pública (DEP), documento que, según denunció el gremio, establece una serie de orientaciones para ajustar la dotación y el gasto de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, cuestionó tanto el contenido como la forma del instructivo y sostuvo que sus disposiciones implicarían una reducción de recursos y personal en los establecimientos públicos.

“Tengo acá el Ordinario 1691 de la DEP, y creo que nunca un nombre fue tan propio de un documento: ordinario. Porque lo que se quiere hacer con la educación chilena con las orientaciones de este documento es una ordinariez. Acá se está atentando contra la educación pública”, afirmó.

Críticas a la fusión de cursos

Uno de los aspectos cuestionados por el dirigente corresponde, según su interpretación del documento, a la posibilidad de fusionar cursos hasta alcanzar el máximo legal de 35 estudiantes por sala.

Aguilar sostuvo que esta medida dificultaría la atención individualizada de los alumnos y planteó que también tendría efectos sobre estudiantes con necesidades educativas diversas.

“Esto demuestra una total desconexión con la pedagogía moderna y la neurodiversidad. La tendencia hoy es que debe haber menos estudiantes por sala”, señaló.

El dirigente también cuestionó que determinadas funciones desarrolladas al interior de los establecimientos sean consideradas como “cargos complementarios”, mencionando entre ellas las labores de profesor jefe, coordinación de ciclo y encargaturas de departamento.

A juicio del presidente del gremio, esta clasificación demostraría un desconocimiento de la organización y funcionamiento cotidiano de los colegios.

Reclamos por reemplazos y educación especial

Otro de los puntos que el Colegio de Profesores atribuye al instructivo es una restricción para reemplazar a docentes que se encuentren con licencias médicas inferiores a siete días.

Aguilar sostuvo que, de aplicarse esta orientación, una ausencia por una licencia de cinco días no tendría reemplazo, lo que —según afirmó— afectaría directamente la continuidad de las clases.

“Si hay una licencia de cinco días, durante toda esa semana no habrá reemplazo. ¿Qué significa eso? Estudiantes que no serán atendidos”, cuestionó.

El gremio también criticó una orientación que, según Aguilar, establecería que profesionales destinados a atender a estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes sean incorporados recién durante abril.

El dirigente afirmó que esto dejaría a esos alumnos sin atención durante marzo y sostuvo que la medida afectaría los avances en materia de inclusión.

Vacantes tras jubilaciones

Otro de los aspectos denunciados por el Colegio de Profesores apunta a los docentes que abandonen el sistema debido a su jubilación y reciban el correspondiente bono de retiro.

Según Aguilar, el instructivo establece que esas vacantes no deberán ser reemplazadas, situación que, a su juicio, contribuiría a reducir la dotación de trabajadores en los establecimientos.

El dirigente también cuestionó que este tipo de medidas se adopten en un escenario que, según planteó, está marcado por elevados niveles de desempleo.

Finalmente, Aguilar advirtió que las consecuencias podrían extenderse más allá de la dotación de personal si los ajustes presupuestarios alcanzan áreas como la mantención de establecimientos y la adquisición de material pedagógico.

“La educación está en una grave amenaza y llamo a las comunidades educativas, no solo a los profesores, a ponernos en alerta porque esto tenemos que impedirlo”, afirmó.

Desde el Colegio de Profesores señalaron que mantendrán su seguimiento sobre la aplicación de estas orientaciones y las eventuales medidas que adopten los Servicios Locales de Educación Pública.

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