El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile manifestó su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca suspender temporalmente el traspaso de establecimientos educacionales de determinadas comunas a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La postura fue presentada ante la Comisión de Educación del Senado por el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar Arévalo, quien cuestionó el enfoque de la iniciativa y acusó la existencia de un componente ideológico en su formulación.

Según Aguilar, el proyecto retomaría una visión en la que el Estado tendría principalmente un papel subsidiario en materia educativa, limitándose a financiar el sistema en lugar de asumir una participación directa en su administración.

A juicio del dirigente, esta orientación se contrapone con los objetivos originales de la Nueva Educación Pública, que buscan otorgar al Estado un papel más activo en la gestión de los establecimientos educacionales.

“Lo que se esté haciendo en realidad sea detener el proceso de fortalecimiento de la Educación Pública”, sostuvo Aguilar, quien advirtió que una eventual pausa en la implementación de los SLEP podría terminar debilitando el proceso de transformación del sistema.

Desde el gremio reconocieron que la implementación de los Servicios Locales ha enfrentado dificultades y problemas de funcionamiento. Sin embargo, plantearon que estas deficiencias deben abordarse mediante modificaciones y mayor fortalecimiento institucional, en lugar de retornar a un modelo de administración municipal.

En ese sentido, Aguilar cuestionó el desempeño histórico de los municipios en la gestión educacional y sostuvo que la solución pasa por mejorar el funcionamiento de la educación pública.

Colegio de Profesores cuestiona cifras sobre licencias médicas

Durante su intervención ante la Comisión de Educación, el gremio también abordó las cifras expuestas recientemente por el director subrogante de la Dirección de Educación Pública (DEP), particularmente aquellas relacionadas con el uso de licencias médicas por parte de trabajadores del sistema.

Aguilar acusó que algunos antecedentes podrían estar siendo presentados sin el contexto necesario y cuestionó que las cifras sean utilizadas para poner en duda derechos laborales.

Como ejemplo, mencionó los casos de trabajadores que pueden acumular extensos períodos de licencia debido a situaciones médicas complejas, como embarazos de riesgo o enfermedades graves de hijos recién nacidos.

El dirigente enfatizó, de todas formas, que el Colegio de Profesores no se opone a la fiscalización cuando existan abusos o un uso indebido de las licencias médicas.

Aguilar sostuvo que las irregularidades deben ser investigadas y sancionadas cuando corresponda, pero defendió el derecho de los trabajadores a utilizar este beneficio cuando exista una situación de salud que lo justifique.

El presidente del gremio afirmó que continuarán respaldando el uso legítimo de las licencias médicas y rechazó que la existencia de casos de abuso sea utilizada para cuestionar de manera generalizada el derecho a la recuperación de la salud de los trabajadores de la educación.

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