A la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado avanzó el proyecto de ley sobre prevención y mitigación de incendios forestales, luego de que la Comisión Mixta encargada de resolver las diferencias entre ambas cámaras despachara la iniciativa.

La propuesta, correspondiente al Boletín 16.335-14, ingresó al Congreso en octubre de 2023 y permanecía en Comisión Mixta desde marzo de este año. Uno de los principales puntos de discrepancia estaba relacionado con el artículo 19, que contemplaba una indemnización por daño patrimonial en determinadas circunstancias.

Durante la revisión del proyecto, la instancia rechazó dicha indemnización para propietarios privados que no cumplan con las obligaciones preventivas, entre ellas la construcción de cortafuegos.

El senador por la Región de Valparaíso, Diego Ibáñez, valoró el avance de la iniciativa y respaldó la decisión adoptada por la Comisión Mixta.

“Es una buena noticia para miles de familias que viven en zonas de riesgo. No era razonable que el Estado indemnizara a quienes no cumplen con las medidas mínimas de prevención. La responsabilidad tiene que ser compartida, y quien no hace los cortafuegos no puede después pedir compensación”, sostuvo.

El parlamentario llamó a que el proyecto sea votado con rapidez por ambas cámaras, considerando la proximidad de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.

Ibáñez recordó además el impacto que tuvo el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso, tragedia que dejó 137 personas fallecidas, y planteó la necesidad de contar con nuevas obligaciones preventivas para las zonas expuestas.

“Necesitamos que esta ley se apruebe cuanto antes y que el Gobierno no ponga trabas o vetos para que las obligaciones preventivas en las zonas de interfaz urbano-rural empiecen a regir lo antes posible”, afirmó.

Entre las medidas contempladas por el proyecto se encuentra la incorporación del riesgo de incendios forestales en los instrumentos de planificación territorial. La iniciativa también establece planes de manejo preventivo obligatorios para zonas de alto riesgo y áreas de amortiguación forestal.

Asimismo, el texto considera un régimen de sanciones administrativas para quienes incumplan las obligaciones establecidas en materia de prevención y mitigación de incendios.

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