Durante la noche de este viernes se dio por concluida la comisión técnica que durante cuatro meses sesionó para buscar una salida a la crisis del megacampamento del Cerro Centinela, en San Antonio. El trabajo culminó con un informe de 15 páginas que detalla los principales obstáculos y alternativas para enfrentar el caso.

El documento advierte que un desalojo masivo “podría causar una crisis humanitaria, considerando que más de 3.000 niños habitan el lugar”, además de implicar altos costos sociales y económicos para el Estado, las familias, la ciudad y los propios propietarios de los terrenos.

Entre las propuestas, el Ministerio de Vivienda planteó que las familias organizadas en cooperativas sean las compradoras directas del terreno, dado que el Estado enfrenta limitaciones legales y presupuestarias para adquirirlos. La fórmula busca incentivar un modelo público-privado que permita avanzar sin generar especulación sobre el suelo.

El informe también aborda discrepancias en torno a la tasación del predio de 215 hectáreas, ocupado por más de 4.000 familias y con orden de desalojo vigente. Mientras los dueños respaldaron su propuesta de valor en informes cuestionados por el Minvu, la cartera encargó un estudio independiente a la empresa Transsa, pidiendo que no se considerara la ocupación en la valorización.

Ante la falta de consenso, el reporte sugiere que, de no existir un acuerdo, la orden de desalojo permanezca suspendida por tres meses, para dar tiempo a una implementación “razonable y paulatina”, bajo lineamientos del Ministerio del Interior y la delegación presidencial.

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