Tres integrantes de una organización criminal dedicada a cometer robos con intimidación en la comuna de La Calera fueron condenados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, tras una investigación liderada por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

La banda operó entre septiembre y diciembre de 2024, periodo en el que perpetró una serie de asaltos contra conductores y peonetas de camiones repartidores de mercadería, además de locales comerciales de la comuna.

La investigación, desarrollada en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), incluyó interceptaciones telefónicas, análisis de tráfico de antenas, georreferenciación de teléfonos celulares, vigilancias y seguimientos. Estas diligencias permitieron obtener órdenes de entrada y registro que culminaron con la detención de los imputados y la incautación de drogas, plantas de cannabis, municiones y un arma susceptible de adaptación para el disparo.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales y evidencia obtenida durante la investigación, logrando acreditar la responsabilidad de los tres acusados por diversos delitos, entre ellos asociación criminal y robos con intimidación.

La fiscal del Sistema de Análisis Criminal, Lidia Aspee, destacó que uno de los aspectos más relevantes del caso fue la aplicación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).

En ese contexto, el adolescente identificado con las iniciales M.M.R.C. fue condenado a cuatro años de internación en régimen cerrado por su participación en cinco delitos de robo con intimidación y un delito de asociación criminal.

Por su parte, Joaquín Ignacio Bravo González recibió una condena de siete años y un día de presidio por tráfico ilícito de drogas, además de 541 días por porte ilegal de municiones. Asimismo, fue declarado culpable de cinco robos con intimidación y del delito de asociación criminal. Sin embargo, debido a las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los delitos cometidos cuando era menor de edad fueron absorbidos por aquellos perpetrados tras alcanzar la mayoría de edad.

En tanto, Bastián Ignacio Saavedra Salazar, el único mayor de edad al momento de los hechos investigados, fue condenado a 12 años de presidio por tres delitos de robo con intimidación y a otros tres años y un día por el delito de asociación criminal.

La fiscal Aspee valoró especialmente la condena por asociación criminal, señalando que se trata de una figura relativamente reciente en la legislación penal chilena y cuya acreditación exige un alto estándar probatorio.

Finalmente, la persecutora destacó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de nulidad presentado por las defensas, dejando firme la sentencia condenatoria.

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