Los municipios de la Región de Valparaíso contarán con nuevas herramientas para avanzar en la implementación de la Ley de Seguridad Municipal, luego de que el Congreso aprobara en su tercer trámite constitucional las modificaciones que buscan adaptar las exigencias de la normativa a las distintas realidades financieras y territoriales de las comunas.

La denominada Ley Corta de Seguridad Municipal introduce ajustes a la Ley N°21.802, con el propósito de facilitar su aplicación y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en prevención del delito y seguridad pública.

Uno de los principales cambios establece un régimen especial de gasto para contratar inspectores de seguridad municipal bajo las normas del Código del Trabajo. El límite general será equivalente al 5% de los ingresos propios percibidos por cada municipio durante el año anterior, aunque excepcionalmente podrá aumentar hasta un 25%, previa autorización fundada de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), con visación de la Dirección de Presupuestos.

El seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva Llagostera, valoró la aprobación y sostuvo que las modificaciones permitirán considerar las diferencias presupuestarias y operativas entre las 38 municipalidades de la región.

La autoridad señaló que el objetivo es entregar herramientas para fortalecer los equipos locales y facilitar la coordinación entre municipios, Gobierno y policías, sin imponer nuevas obligaciones sin considerar las capacidades de cada comuna.

Nuevos plazos y apoyo para los municipios

Entre los cambios también se amplían en seis meses los plazos para que las municipalidades se adecuen a las disposiciones de la ley. Además, se flexibilizan las alternativas para acreditar la condición física y psicológica de los inspectores, permitiendo realizar las evaluaciones en establecimientos de salud públicos, privados o mutuales de seguridad.

Para quienes ya cumplen funciones de seguridad municipal se contempla un período de doce meses para acreditar estos requisitos.

La iniciativa también precisa las exigencias de licencias de conducir según las características del vehículo y establece una antigüedad mínima de tres años para quienes deban conducirlos.

Otro componente es la creación de una oferta programática anual de SUBDERE, que reunirá distintas alternativas de apoyo a las que podrán postular los municipios, de acuerdo con los recursos disponibles en la Ley de Presupuestos. Entre las posibilidades se consideran capacitaciones para inspectores, programas de formación e iniciativas de infraestructura para la seguridad.

Para distribuir estos recursos podrán considerarse factores como la vulnerabilidad sociodelictual, la condición de zona extrema, la dependencia del Fondo Común Municipal y los menores ingresos propios de las comunas.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, destacó que los cambios permitirán una implementación más gradual de la normativa y apuntan a fortalecer las capacidades municipales para prevenir delitos y recuperar espacios públicos.

Con la aprobación de su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, el proyecto quedó listo para convertirse en ley.

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