Un nuevo revés enfrentó la Municipalidad de Viña del Mar luego de que el Consejo para la Transparencia acogiera un reclamo interpuesto por la representación jurídica de trabajadores de la Atención Primaria de Salud (APS), quienes mantienen un conflicto judicial con la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM) por la reducción de sus remuneraciones.

La controversia se originó tras la decisión de la corporación de aplicar una disminución salarial que fue cuestionada por cientos de funcionarios, quienes recurrieron a la justicia argumentando que la medida carecía de fundamentos suficientes. En enero de este año, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió favorablemente una acción presentada por los trabajadores, dejando sin efecto la rebaja mediante una orden de no innovar. Actualmente, el caso permanece a la espera de una resolución definitiva de la Corte Suprema.

En el marco de esta disputa, la defensa de los funcionarios solicitó acceso a diversos antecedentes relacionados con acuerdos y negociaciones sobre remuneraciones realizados entre el municipio y asociaciones de trabajadores de la salud. Sin embargo, según determinó el Consejo para la Transparencia, la información requerida no fue entregada de manera completa ni se justificó adecuadamente la reserva de los documentos solicitados.

La resolución establece que la Municipalidad deberá proporcionar los antecedentes vinculados a acuerdos, protocolos y negociaciones desarrollados durante los años 2022 y 2023 respecto de reajustes salariales de funcionarios de la Atención Primaria de Salud. El organismo concluyó que dichos documentos poseen carácter público y que su divulgación no afecta el correcto funcionamiento de la administración ni las estrategias jurídicas de la institución.

Desde la representación legal de los trabajadores señalaron que la decisión respalda los cuestionamientos que han formulado respecto del acceso a información relevante para el desarrollo del proceso judicial. A su juicio, los antecedentes requeridos constituyen elementos fundamentales para sustentar la defensa de los funcionarios afectados por las medidas adoptadas por la corporación municipal.

El Consejo para la Transparencia otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para cumplir con la entrega de la documentación una vez que la resolución quede firme. Asimismo, recordó que la legislación vigente contempla multas que pueden fluctuar entre el 20% y el 50% de la remuneración de la autoridad responsable en caso de incumplimiento, sanciones que incluso podrían derivar en la suspensión temporal del cargo si persiste la negativa a proporcionar la información.

La resolución también enfatiza que la existencia de litigios pendientes no convierte automáticamente en reservados todos los antecedentes relacionados con una causa judicial, especialmente cuando se trata de documentos que poseen naturaleza pública y pueden ser utilizados como medios de prueba.

Mientras la disputa continúa en tribunales, los trabajadores de la salud esperan que la entrega de estos antecedentes permita esclarecer aspectos clave del proceso y contribuya a la resolución definitiva del conflicto que mantienen con la administración municipal.

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