La Contraloría General de la República advirtió una serie de irregularidades en la administración de recursos públicos destinados a enfrentar las consecuencias del megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024, tras la revisión de distintos organismos involucrados en la respuesta a la emergencia.

Los antecedentes se encuentran contenidos en cinco informes de auditoría que examinaron la gestión de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De acuerdo con los informes, se detectaron pagos que no cuentan con respaldo suficiente, gastos que no se ajustan a la normativa vigente, eventuales sobreprecios, deficiencias en procesos de compra y falencias en la trazabilidad de ayudas entregadas a personas damnificadas.

En el caso de la Delegación Presidencial Regional, la Contraloría observó desembolsos por más de $586 millones realizados durante la emergencia sin acreditación adecuada, además de un uso reiterado del trato directo sin justificación clara, lo que motivó el envío de antecedentes a organismos competentes para determinar posibles responsabilidades.

En tanto, en la Municipalidad de Quilpué se constataron gastos improcedentes, problemas en la administración de bienes donados y deficiencias en la entrega de ayudas, junto con falencias en la gestión de personal y proyectos asociados a la emergencia.

Situación similar se registró en la Municipalidad de Viña del Mar, donde el ente fiscalizador detectó debilidades en la rendición de recursos, falta de control en la entrega de beneficios y problemas en la administración de donaciones destinadas a personas afectadas por el incendio.

Respecto al MOP, las auditorías revelaron pagos por demoliciones que no habrían sido ejecutadas o que se realizaron de manera parcial, además de montos no acreditados por trabajos en distintos sectores de la zona siniestrada, junto con observaciones en los procesos de adjudicación.

A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ordenó la instrucción de sumarios administrativos y la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, con el fin de esclarecer eventuales responsabilidades administrativas y legales.

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