Los cinco informes emitidos por la Contraloría General de la República sobre la gestión de recursos tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso continúan generando repercusiones políticas y administrativas.

Entre las autoridades mencionadas se encuentra Sofía González, diputada electa del Partido Comunista de Chile, quien durante la emergencia se desempeñaba como delegada presidencial regional. También figura Yanino Riquelme, actual delegado presidencial y entonces seremi de Obras Públicas.

Según el ente fiscalizador, González suscribió seis contratos mediante trato directo con la empresa San Nicolás SpA para el arriendo de maquinaria pesada destinada al retiro de escombros, por un monto total de $6.725.655.566. La resolución fue tomada de razón el 10 de enero de 2025 y remitida a la Subsecretaría del Interior.

El informe consigna que la empresa, constituida en 2021, estaba integrada por tres personas y no contaba con maquinaria propia ni trabajadores, además de no haberse exigido boletas de garantía ni una evaluación de idoneidad técnica. Pese a ello, obtuvo contratos millonarios y posteriormente habría subcontratado a otras compañías por valores considerablemente menores, práctica que no está permitida en contrataciones por trato directo.

Las diferencias detectadas en los pagos habrían alcanzado hasta un 557,89% por turno, con un eventual sobreprecio que superaría los $4 mil millones en los tramos más altos.

San Nicolás SpA mantiene más de 30 contratos con el Estado. El primero fue suscrito en julio de 2023 con la Delegación Presidencial del Biobío. En ese periodo, la Subsecretaría del Interior de Chile era encabezada por Manuel Monsalve.

En paralelo, el gobernador regional Rodrigo Mundaca calificó los hechos como “improcedentes” y sostuvo que requieren sanciones. En tanto, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, adelantó que la cartera se querellará contra quienes resulten responsables, en línea con lo planteado por el presidente electo José Antonio Kast.

Ahora resta conocer si el Consejo de Defensa del Estado presentará acciones judiciales, luego de recibir los antecedentes de la Contraloría. Expertos han advertido que los hechos podrían eventualmente configurar el delito de fraude al fisco, mientras que Sofía González ha señalado que existían sumarios administrativos en curso antes de dejar el cargo, sin detallar sus resultados.

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