La Corte de Apelaciones de Tarapacá resolvió revocar la orden que disponía el traslado de cuatro integrantes del denominado Clan Chen desde el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca, hacia otros recintos carcelarios del país.

La decisión había sido adoptada el pasado 24 de agosto por el Juzgado de Garantía de Iquique, luego de una acción presentada por las defensas de los imputados. La resolución establecía que tres de ellos debían regresar al penal de Alto Hospicio, mientras que el cuarto sería trasladado hasta Santiago 1.

Sin embargo, este miércoles el tribunal de alzada de Iquique acogió la impugnación y, mediante un fallo unánime, dejó sin efecto aquella determinación.

La Corte sostuvo que la facultad para definir el recinto penitenciario en el que deben permanecer imputados o condenados corresponde a Gendarmería de Chile, de acuerdo con las atribuciones que le entrega la legislación vigente.

En ese sentido, los ministros señalaron que los tribunales penales deben abstenerse de determinar específicamente el establecimiento donde será recluida una persona, salvo que existan circunstancias excepcionales que justifiquen una intervención judicial de ese tipo. Según el fallo, dichas condiciones no se presentan en este caso.

Los cuatro imputados —Longdi Chen, Wen Chen, Wu Chen y Yonjie Chen— permanecen en prisión preventiva y están formalizados por delitos de asociación ilícita y lavado de activos. La investigación los vincula presuntamente con una organización criminal transnacional de origen chino, considerada de alta relevancia debido al patrimonio involucrado.

Con la resolución de la Corte de Apelaciones, quedó establecido que los integrantes del Clan Chen deberán permanecer en el establecimiento penitenciario que determine Gendarmería, restituyendo a la institución la facultad de definir su ubicación dentro del sistema carcelario.

El fallo representa además un respaldo a las atribuciones administrativas de Gendarmería en materia de seguridad penitenciaria, en medio de la implementación del denominado Plan Cancerbero, estrategia que contempla medidas para reforzar el control sobre internos vinculados a organizaciones criminales de alta peligrosidad.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, valoró la resolución y destacó que el pronunciamiento judicial ratifica las competencias del director nacional de Gendarmería para determinar dónde deben permanecer tanto imputados como condenados.

El secretario de Estado sostuvo que la decisión resulta especialmente relevante para establecer qué personas deben ser destinadas a recintos de máxima o alta seguridad, asegurando que aquello se realice conforme a las facultades legales de la institución y teniendo como prioridad el control de la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.

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