La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió modificar la situación cautelar de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, revocando la prisión preventiva que pesaba en su contra y reemplazándola por arresto domiciliario total mientras continúa el desarrollo de la investigación penal.

La decisión representa un giro en la causa judicial que involucra a la exjueza, quien es investigada por el Ministerio Público por presuntos delitos de cohecho reiterado y lavado de activos. Según la acusación, Vivanco habría intervenido en gestiones vinculadas a resoluciones judiciales que favorecían intereses empresariales específicos, hechos que actualmente forman parte de la indagatoria conocida públicamente como la “trama bielorrusa”.

La defensa valoró la resolución del tribunal de alzada, argumentando que no existían antecedentes suficientes para justificar la permanencia de la exmagistrada en prisión preventiva. Según planteó su representación jurídica, la discusión en esta etapa no se centra en determinar la culpabilidad o inocencia de la imputada, sino en establecer si su libertad constituye un riesgo para la sociedad, para el desarrollo de la investigación o si existe peligro de fuga.

En ese contexto, la Corte estimó que las condiciones del caso permitían sustituir la medida cautelar más severa por una de menor intensidad, manteniendo restricciones que aseguren la comparecencia de la imputada durante el proceso judicial.

La defensa también destacó el impacto personal y familiar que ha significado la privación de libertad para Vivanco, quien permaneció cerca de cinco meses en prisión preventiva. Entre los antecedentes expuestos se mencionó además su rol como cuidadora de un familiar directo, situación que fue considerada dentro de los argumentos presentados ante el tribunal.

Pese a la modificación de la medida cautelar, la investigación continúa su curso y la exministra seguirá enfrentando las imputaciones formuladas por la Fiscalía. En paralelo, otros involucrados en la causa mantendrán la prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias pendientes.

La resolución no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la investigación ni sobre la eventual responsabilidad penal de la exmagistrada, aspectos que deberán resolverse en las etapas posteriores del proceso judicial.

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