La Corte Suprema de Chile emitió un informe clave sobre el “Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social”, también conocido como Ley Miscelánea, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

El pleno del máximo tribunal revisó el proyecto durante una sesión realizada el pasado lunes 4 de mayo y, posteriormente, envió un oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados con una serie de observaciones respecto a distintos artículos de la propuesta legislativa.

La iniciativa del Ejecutivo está estructurada en cuatro grandes ejes: reconstrucción física, económica, de confianza y fiscal. Sin embargo, la Corte Suprema centró su análisis en materias vinculadas al sistema ambiental, especialmente en modificaciones relacionadas con la evaluación ambiental, la judicialización de proyectos y las competencias de los Tribunales Ambientales.

En el documento, el tribunal sostuvo que el proyecto incorpora cambios relevantes al régimen de impugnación de resoluciones ambientales, aunque advirtió que varias de las normas “requieren ajustes relevantes” para evitar problemas de interpretación y aplicación.

Suprema cuestiona falta de claridad en normas ambientales

Uno de los principales puntos observados por la Corte dice relación con el nuevo artículo 24 ter de la Ley 19.300, referido a la impugnación de resoluciones de calificación ambiental.

Según el informe, aunque se valora la intención de concentrar este tipo de reclamaciones en tribunales especializados, la redacción propuesta no establece con suficiente claridad si se trata de una regla excepcional o de una modificación general al sistema vigente.

Además, el máximo tribunal advirtió que la iniciativa no armoniza adecuadamente esta nueva acción judicial con las normas de legitimación activa contempladas en la ley que regula los Tribunales Ambientales, lo que podría generar incertidumbre respecto a quiénes estarían facultados para presentar reclamaciones.

Alertan por restitución de gastos a privados

Otro de los aspectos que generó preocupación en la Corte Suprema fue el mecanismo que permitiría al Fisco restituir gastos directos y efectivos a titulares de proyectos cuya resolución ambiental haya sido anulada judicialmente.

El tribunal advirtió que esta fórmula podría transformar al Estado en una especie de “asegurador general” frente a riesgos regulatorios de inversiones privadas.

En ese contexto, recomendaron que la norma incorpore requisitos más estrictos, como acreditar buena fe, ausencia de responsabilidad del titular en el vicio detectado y proporcionalidad de los gastos reclamados.

Observaciones a medidas cautelares y competencias judiciales

La Corte también abordó los cambios propuestos para las medidas cautelares que paralicen proyectos con resolución ambiental favorable.

Aunque valoró la incorporación de límites temporales y mecanismos de apelación, el tribunal enfatizó que las restricciones no deben impedir una tutela cautelar efectiva en materias ambientales.

Asimismo, el informe advirtió que el proyecto no especifica con claridad qué Corte de Apelaciones será competente para conocer ciertas reclamaciones, recomendando corregir expresamente ese punto para evitar conflictos interpretativos.

Ministros rechazaron mecanismo de restitución

El informe no fue unánime. Cuatro ministros manifestaron su rechazo a la acción de restitución de gastos contemplada en el proyecto.

A juicio de los magistrados disidentes, dicha figura se aparta del sistema de responsabilidad civil vigente y podría incluso generar efectos indeseados sobre el actuar de jueces, considerando eventuales responsabilidades económicas futuras para el Estado.

Con estas observaciones, el informe ya fue remitido al Congreso, donde la iniciativa continuará su tramitación legislativa en medio de un intenso debate político y jurídico.

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