A más de un año de ocurridos los hechos, el caso que investiga un presunto femicidio frustrado contra Madeleine Vera Villarroel continúa sin llegar a juicio oral. El proceso, que se tramita en la Región de Valparaíso, mantiene posturas completamente opuestas entre el Ministerio Público y la defensa del imputado.

La Fiscalía y la parte querellante sostienen que los antecedentes configuran el delito de femicidio frustrado, figura penal que contempla penas que van desde los 10 años y un día hasta los 15 años de presidio. En esa línea, la víctima entregó un testimonio detallado sobre la agresión sufrida, afirmando que se trató de un ataque sorpresivo, prolongado y con múltiples oportunidades para que el imputado desistiera o pidiera ayuda, lo que a juicio del Ministerio Público configuraría agravantes como alevosía y ensañamiento.

Madeleine Vera ha insistido en que lo ocurrido no puede ser considerado una simple agresión, señalando que su vida estuvo en riesgo y que las secuelas que arrastra son permanentes. Actualmente, se encuentra diagnosticada con estrés postraumático severo, además de trastornos de ansiedad y depresión, recibiendo atención psiquiátrica y psicológica a través del Centro de Apoyo a Víctimas de Valparaíso. Asimismo, indicó que su hija de seis años también recibe apoyo psicológico debido al impacto del caso.

“Esto no fueron lesiones, fue un intento de quitarme la vida. El daño es para siempre”, afirmó la víctima, quien espera que el tribunal respalde la tesis de la Fiscalía y que la causa avance a juicio oral por femicidio frustrado, con la aplicación de la pena más alta posible, para evitar una nueva revictimización y cerrar definitivamente el proceso judicial.

Desde la defensa del imputado, el abogado Cristián Santander planteó una interpretación penal distinta, señalando que los hechos configurarían únicamente el delito de lesiones graves, calificado como un simple delito y no como femicidio frustrado. Según explicó, no se cumpliría el requisito legal de la frustración del delito, ya que —a su juicio— el resultado no se habría evitado por una causa independiente de la voluntad del imputado.

El defensor agregó que, incluso si se analizara la figura de femicidio tentado, esta sería una tentativa inidónea y, por tanto, no punible según la legislación vigente. Bajo esta calificación, sostuvo, el imputado podría acceder a penas sustitutivas y cumplir una eventual condena en libertad.

Asimismo, la defensa afirmó que existirían atenuantes a favor de su representado, como la colaboración con la investigación desde el inicio y una eventual imputabilidad disminuida, respaldada —según indicó— por informes psiquiátricos y psicológicos que apuntarían a que el imputado no habría tenido pleno dominio de su voluntad al momento de los hechos.

En cuanto al estado actual del proceso, la audiencia de preparación de juicio oral fue suspendida recientemente por falta de documentación, debiendo ser reprogramada para el próximo 10 de marzo. En esa instancia, el tribunal deberá resolver la admisibilidad de las pruebas, testigos y peritajes, además de definir si la causa avanzará a juicio oral bajo la calificación de femicidio frustrado.

Por ahora, el imputado permanece en prisión preventiva en la cárcel de Limache, medida cautelar que se ha mantenido de forma ininterrumpida desde su formalización. El caso sigue generando alta expectación pública, tanto por la gravedad de los hechos denunciados como por el debate jurídico que deberá resolver el tribunal en las próximas semanas.

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