El desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, considerada la ocupación ilegal más grande del país, se perfila como un proceso lento y de alta complejidad. Según una propuesta elaborada por Carabineros, el operativo se realizaría de forma gradual, avanzando una hectárea por día, lo que implicaría una duración de más de ocho meses.

De concretarse este plan, el procedimiento —que busca liberar 215 hectáreas pertenecientes a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A.— requeriría la participación de más de 500 efectivos policiales, provenientes de distintas regiones del país. En cada jornada, se estima el desalojo de unas 50 familias, para las cuales se dispondrían albergues temporales por un máximo de tres días.

El proceso aún no tiene fecha de inicio definida, aunque fuentes policiales indican que parte del operativo podría ejecutarse bajo la próxima administración presidencial, dado que al actual gobierno le restan solo cinco meses de mandato.

El abogado de la inmobiliaria, Diego Pereira, enfatizó que “los ocupantes deben retirar sus pertenencias y dejar el terreno conforme a lo ordenado por la justicia”, mientras que el vocero de la federación de cooperativas del Cerro Centinela, Mario Reyes, afirmó que continúan las conversaciones con el Ministerio de Vivienda para buscar alternativas habitacionales antes del desalojo.

La medida responde a lo resuelto por la Corte Suprema, que confirmó la orden de desalojo emitida por el tribunal de alzada de Valparaíso, luego de rechazar los recursos presentados por las agrupaciones que intentaban frenar el proceso.

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