Desalojo de toma Calicheros en Quilpué se concretaría en septiembre tras orden judicial
Editado el 30 agosto 2025 @ 11:58 por Gonzalo Gallardo
El Minvu anunció que en las primeras semanas de septiembre se ejecutará la demolición del campamento, medida decretada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso hace más de un año. La familia del empresario Alejandro Correa pide una notificación oficial, mientras la alcaldesa acusa al ministerio de eludir responsabilidades.
La toma Calicheros, emplazada en terrenos de la comuna de Quilpué, estaría ad portas de llegar a su fin. Así lo confirmó la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Belén Paredes, quien informó que el desalojo y la demolición se encuentran programados para las primeras semanas de septiembre, en cumplimiento de la orden emanada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en 2023.
El predio pertenece al empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020 en Concón, cuya familia ha insistido en que aún no existe una notificación formal del ministerio respecto a la ejecución de la medida. La abogada de la familia, Jeanette Bruna, manifestó que requieren un documento oficial para poder avanzar en trámites que permitan resguardar el terreno y prevenir nuevas ocupaciones ilegales.
“Solicitamos al Minvu que se nos notifique el día y hora de la demolición para preparar los demás trámites anexos que permitan proteger la propiedad”, indicó Bruna, subrayando que hasta ahora no cuentan con esa confirmación.
En paralelo, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, presentó un requerimiento ante la Contraloría Regional acusando al Minvu de eludir responsabilidades en el procedimiento. “Es inadmisible que a más de un año de una sentencia firme de la Corte de Apelaciones, el Estado persista en no ejecutar la demolición. Pretenden traspasar tareas que son del Ministerio a la Municipalidad, lo que resulta inaceptable”, sostuvo.
La mesa técnica conformada entre la Delegación Presidencial Regional y el Minvu determinó que septiembre será el mes en que finalmente se cumpla con la orden judicial, aunque aún persisten cuestionamientos sobre la coordinación interinstitucional y la falta de certezas hacia los propietarios del terreno.
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