Una denuncia penal ante el Ministerio Público presentaron este miércoles los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC), solicitando esclarecer si información secreta perteneciente al Sistema de Inteligencia del Estado chileno habría sido entregada a organismos de Estados Unidos sin la autorización correspondiente.

La presentación judicial se produce después de declaraciones del embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, quien afirmó que su país dispone de un análisis relacionado con el estallido social de 2019 y señaló que los antecedentes utilizados para elaborarlo tendrían como origen tanto la inteligencia norteamericana como organismos de inteligencia chilenos.

A partir de esas afirmaciones, los parlamentarios solicitaron que se determine si existió una eventual vulneración de la Ley N°19.974, particularmente de sus artículos 38 y 44. Estas disposiciones establecen el carácter reservado de determinados antecedentes vinculados al Sistema de Inteligencia del Estado y contemplan sanciones para su entrega o divulgación sin autorización.

El diputado Luis Cuello sostuvo que las declaraciones del representante diplomático estadounidense excederían una opinión sobre asuntos de política interna y planteó la necesidad de establecer de dónde habría obtenido la información mencionada.

A juicio del parlamentario, la situación podría involucrar tanto una eventual entrega irregular de antecedentes desde organismos chilenos como posibles actividades de inteligencia desarrolladas en el país por Estados Unidos. Por ello, pidió que el Ministerio Público determine si efectivamente se configuró algún delito.

Parlamentarios cuestionan origen de los antecedentes

Juan Santana, en tanto, centró sus cuestionamientos en las circunstancias que eventualmente rodearon la entrega de la información. El diputado planteó que la investigación debería establecer quiénes habrían proporcionado los antecedentes, quiénes participaron de esa decisión y si existió algún tipo de autorización.

El parlamentario vinculó además la situación con el debate sobre soberanía y autonomía nacional, particularmente en un escenario que, según señaló, ha estado marcado por intervenciones de autoridades extranjeras en asuntos relacionados con Chile.

Desde el Partido Comunista, Daniela Serrano también apuntó a la necesidad de esclarecer si los antecedentes efectivamente fueron proporcionados por organismos de inteligencia chilenos.

La diputada criticó, además, la respuesta que hasta ahora habría entregado el Gobierno frente a las declaraciones del embajador, señalando que, a su juicio, correspondía una reacción más contundente y una nota de protesta.

Serrano planteó dos escenarios que, según su perspectiva, deben ser aclarados mediante la investigación: que efectivamente haya existido una entrega de información reservada o que las afirmaciones del embajador no correspondan a la realidad.

La denuncia quedó ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existen antecedentes suficientes para iniciar diligencias destinadas a establecer el origen de la información mencionada y eventuales responsabilidades penales.

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