A partir de este lunes 12 de enero se iniciará el desalojo de aproximadamente dos mil viviendas emplazadas en la denominada megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso. El procedimiento se llevará a cabo de forma paulatina y por etapas, en cumplimiento de resoluciones judiciales vigentes, y contempla un amplio despliegue interinstitucional.

Las autoridades confirmaron que el operativo forma parte de un plan integral que combina el desarrollo de un proyecto habitacional en una parte del terreno, mientras que el resto deberá ser desocupado. En ese contexto, el proceso ya se encuentra en marcha, con notificaciones realizadas a las familias involucradas y reuniones previas con dirigentes de cooperativas y organizaciones del sector.

Actualmente existe un catastro preliminar que identifica cerca de 4.100 viviendas en el asentamiento, de las cuales entre 2.000 y 2.100 se ubican en los terrenos que deberán ser despejados para dar curso a las resoluciones judiciales y a la futura ejecución del plan habitacional. Estas familias serán reubicadas o desalojadas según corresponda, en un procedimiento que ha sido definido como complejo y de larga duración.

El operativo considera coordinación con Carabineros, servicios públicos, el municipio y la habilitación de albergues, además de monitoreo permanente del desarrollo del desalojo, incluyendo vigilancia aérea y patrullajes preventivos. La primera fase se extenderá entre tres y cuatro días, aunque su duración final dependerá del ritmo del proceso y de la capacidad de acogida de los dispositivos de emergencia.

Respecto a eventuales nuevas ocupaciones de terrenos, se indicó que cualquier situación de ese tipo deberá ser abordada mediante los mecanismos legales correspondientes. Asimismo, se reconoció la posibilidad de desplazamientos internos dentro del mismo sector, los que serán evaluados caso a caso durante el desarrollo del operativo.

Finalizada cada etapa del desalojo, se iniciará un proceso de restitución del terreno por parte de los propietarios, quienes deberán implementar medidas físicas para evitar futuras reocupaciones, como cierres perimetrales, demoliciones y zanjas de seguridad.

El inicio del desalojo marca un momento clave en uno de los conflictos habitacionales más complejos de la región, con un proceso que se proyecta extenso y sujeto a evaluación permanente en terreno.

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