El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez, tras varias jornadas de formalización encabezadas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

Durante la audiencia, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados los delitos imputados contra el otrora parlamentario, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.

En el caso de Domínguez, además, se le imputaron delitos de cohecho, infracción electoral y delito tributario.

“…Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo (…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”, sostuvo el magistrado.

El tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación. Tras la resolución, Lavín León abandonó el tribunal esposado.

Según expuso el Ministerio Público, el eventual perjuicio fiscal alcanzaría los $104 millones, en una investigación que apunta a la existencia de un mecanismo destinado a desviar recursos públicos para fines personales y electorales.

La defensa del exdiputado, en tanto, descartó la existencia de delitos y atribuyó las irregularidades detectadas a errores administrativos.

De acuerdo con antecedentes de la causa, parte de los fondos cuestionados habrían sido utilizados para saldar deudas relacionadas con campañas políticas y servicios de imprenta.

Según la indagatoria, Lavín León habría rendido ante el Congreso facturas por supuestos gastos operacionales que, en la práctica, no correspondían a servicios efectivamente prestados.

La investigación también incluye declaraciones de testigos y antecedentes recopilados por la Fiscalía respecto a presuntos pagos asociados a campañas de constituyentes y concejales ligados al entonces parlamentario.

La fiscal Constanza Encina solicitó la prisión preventiva tanto para Lavín León como para su exasesor, petición que también fue respaldada por el Consejo de Defensa del Estado.

La formalización marca un nuevo episodio judicial para quien fuera una de las figuras emergentes de la UDI y representante de uno de los apellidos históricos de la centroderecha chilena.

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