La Fiscalía Regional de Valparaíso recurrió ante la Corte de Apelaciones para impugnar la decisión que permitió la liberación de la principal imputada en el denominado caso “banquetera”, investigación que involucra presuntas estafas a decenas de parejas que contrataron servicios para sus matrimonios y que nunca habrían recibido lo comprometido.

Durante la audiencia de formalización, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar decretó la prisión preventiva de Natalia Álvarez, apuntada como una de las responsables de la empresa investigada. Sin embargo, la resolución incluyó la posibilidad de sustituir la medida cautelar mediante el pago de una caución de cinco millones de pesos, monto que fue cancelado, permitiendo su salida en libertad.

La investigación se centra en una serie de contratos celebrados durante el año pasado con parejas que habrían resultado afectadas por incumplimientos en servicios de banquetería y organización de eventos. Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, las víctimas superarían las 60 y el perjuicio económico ascendería a más de 120 millones de pesos.

El fiscal adjunto Lionel González explicó que el tribunal estimó que cada una de las contrataciones cuestionadas podría constituir un delito independiente, razón por la cual se solicitó la medida cautelar más gravosa. Asimismo, detalló que la empresa involucrada, identificada como Probarte, también fue formalizada en el marco de la investigación por tratarse de una causa asociada a delitos económicos.

No obstante, el Ministerio Público manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que la imputada recuperara la libertad mediante el pago de la caución. La Fiscalía sostiene que la gravedad de los hechos investigados, el número de presuntas víctimas y las eventuales penas asociadas al caso justifican mantener la prisión preventiva por considerar que existe un riesgo para la seguridad de la sociedad.

A este escenario se suma la ausencia en la audiencia de formalización de la pareja de la imputada, quien también figura como socio de la empresa investigada. Pese a ello, el tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

Ahora será la Corte de Apelaciones de Valparaíso la encargada de revisar los antecedentes y resolver si mantiene la decisión adoptada por el tribunal viñamarino o si acoge la solicitud del Ministerio Público para que la imputada permanezca privada de libertad mientras avanza la causa.

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