Fiscalía indaga millonarias anomalías en fondos públicos destinados a la emergencia por incendios en Valparaíso
Editado el 11 febrero 2026 @ 13:26 por Prensa UCV Radio
El Ministerio Público inició diligencias tras los informes de la Contraloría que detectaron graves irregularidades en el uso de recursos asignados luego del megaincendio de febrero de 2024, incluyendo eventuales sobreprecios y fallas en procesos de demolición y ayudas a damnificados.
La Fiscalía abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en la utilización de recursos públicos destinados a enfrentar las consecuencias del megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024.
La decisión fue confirmada por el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, quien señaló que el Ministerio Público recibió diversos informes finales elaborados por la Contraloría General de la República. Los antecedentes, explicó, dan cuenta de posibles anomalías en la ejecución de contratos y en el manejo de fondos vinculados a la emergencia.
De acuerdo con lo informado, uno de los focos principales de la indagatoria apunta al proceso de demolición de viviendas siniestradas, donde estarían comprometidos recursos fiscales por más de $1.100 millones. Los reportes del órgano contralor advierten inconsistencias en la acreditación de trabajos realizados y en los respaldos documentales exigidos en este tipo de procedimientos.
Frente a la gravedad de los antecedentes, la Fiscalía Nacional resolvió remitir los informes a la Fiscalía Regional de Valparaíso, que quedará a cargo de desarrollar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.
Las observaciones de la Contraloría no se limitan únicamente a las demoliciones. También incluyen pagos sin respaldo suficiente, gastos considerados improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en los procesos de adquisición y falencias en los mecanismos de control para la entrega de beneficios a personas damnificadas.
Los informes forman parte de una serie de auditorías practicadas a distintos organismos involucrados en la gestión de la emergencia, entre ellos la Delegación Presidencial Regional, municipios de la zona y reparticiones técnicas encargadas de ejecutar obras y coordinar ayudas.
Con la apertura de la causa, el Ministerio Público buscará establecer si las irregularidades detectadas configuran delitos y si existen responsabilidades individuales en la administración de los fondos públicos destinados a la reconstrucción. La investigación se encuentra en etapa inicial y podría ampliarse conforme avancen las diligencias.
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