La Fiscalía mantiene una investigación por el presunto delito de malversación de caudales públicos al interior de la Municipalidad de El Tabo, luego de que una revisión interna detectara transferencias de recursos municipales asociadas al pago de proveedores que habrían sido depositadas en una cuenta bancaria personal del funcionario Pablo Bustamante Garrido.

El caso se inició a partir de una querella criminal presentada por la propia Municipalidad de El Tabo, acción que fue declarada admisible y que apunta al funcionario y a quienes resulten responsables de eventuales irregularidades.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, inicialmente fueron detectadas cuatro transferencias por un total de $4.781.250. Entre ellas figura una operación de $1.397.060, realizada durante 2025, que posteriormente fue reintegrada a las arcas municipales.

Según lo señalado en la querella, el funcionario habría explicado que dicha transferencia se produjo debido a un supuesto error en la elaboración de una nómina destinada al pago de proveedores.

Las otras tres operaciones identificadas en primera instancia correspondieron a transferencias por $1.132.095, $1.132.095 y $1.120.000, respectivamente.

Posteriormente, una revisión adicional permitió detectar tres nuevas transferencias, correspondientes a los años 2023 y 2025, por un total de $2.169.844. Los movimientos corresponden a $186.856, $692.988 y $1.290.000.

Con la ampliación de la querella, el monto total de las transferencias identificadas asciende a $6.951.094. De esa cifra, $1.397.060 corresponde a la operación que habría sido reintegrada al municipio, mientras que los $5.554.034 restantes permanecen bajo investigación.

La concejala de El Tabo, Karina Soto, sostuvo que la acción judicial representa un primer paso para determinar eventuales responsabilidades y esclarecer completamente lo ocurrido con los recursos municipales.

En paralelo, la también concejala Claudia Aracena señaló que los integrantes del concejo municipal han solicitado antecedentes detallados sobre las conciliaciones bancarias de la corporación edilicia, especialmente respecto de partidas pendientes, en el contexto de la investigación que desarrolla la Contraloría.

La Fiscalía confirmó que mantiene una denuncia vigente desde el 21 de agosto por el delito de malversación de caudales públicos. Las diligencias fueron encomendadas a detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de San Antonio, quienes deberán establecer el origen y destino de las transferencias y determinar las eventuales responsabilidades penales.

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