Una reducción significativa en los delitos más graves marcó el balance 2025 de la Fiscalía Regional de Valparaíso, presentado este jueves por la fiscal regional, Claudia Perivancich Hoyuelos, durante la cuenta pública realizada en la Universidad Técnica Federico Santa María. El informe dio cuenta de 56 homicidios menos que en 2024, equivalente a una baja del 17%, junto con una disminución del 3,8% en los robos violentos.

Pese a estos resultados, la autoridad advirtió sobre el sostenido aumento de nuevas tipologías delictuales, especialmente aquellas vinculadas al uso malicioso de tarjetas y dispositivos financieros, así como delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los que muestran un crecimiento cercano al 90% en el último año.

Durante 2025, la Región de Valparaíso registró 206.707 denuncias, concentrando el 10,8% del total nacional y consolidándose como la segunda región con mayor ingreso de causas en el país. Este volumen representa un aumento del 18% respecto de 2024 y constituye el mayor registro desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en la región.

Desde la Fiscalía se explicó que este incremento responde, en parte, a la habilitación de denuncias en línea a través del sitio web institucional, además del aumento de ingresos desde tribunales de familia y Carabineros. Las fiscalías locales de Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, San Felipe y Quilpué concentraron más del 66% del total regional.

En materia de delitos específicos, destacó el fuerte aumento de ilícitos asociados a leyes especiales, especialmente el uso malicioso de tarjetas, claves y dispositivos financieros, que representan más del 80% de esta categoría. También se registraron alzas en maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar, control de armas y delitos vinculados a propiedad intelectual e industrial.

En contraste, los homicidios, considerando todos sus grados de desarrollo, mostraron una baja sostenida, al igual que los delitos de violencia institucional, que registraron 72 denuncias menos que el año anterior. En cuanto a femicidios íntimos, se observó un leve aumento de casos, aunque con una disminución en el número de víctimas fatales.

Respecto de la persecución penal, la región mantuvo su liderazgo nacional en juicios orales, concentrando el 19% del total país. De las 1.769 causas llevadas a juicio oral, un 76% concluyó con sentencia condenatoria. A ello se suma un alto nivel de eficacia en procedimientos abreviados, con una tasa de condena cercana al 100%.

En atención de víctimas y usuarios, la Fiscalía resolvió más de 116 mil requerimientos a través de canales presenciales, virtuales y telefónicos. La Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos trabajó con más de 10 mil personas, priorizando casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales y víctimas menores de edad, destinando más de $290 millones en medidas de protección durante el año.

Finalmente, la fiscal regional subrayó la necesidad de avanzar en la ley de fortalecimiento del Ministerio Público, enfatizando la alta carga laboral que enfrenta el sistema frente al sostenido aumento de causas y la creciente complejidad del fenómeno delictual.

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