Una investigación interna de Gendarmería permitió detectar una presunta red de corrupción al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, procedimiento que terminó con la desvinculación de cuatro funcionarios que se desempeñaban en el área de recepción y registro de encomiendas.

La indagatoria fue desarrollada por las jefaturas del recinto y se mantuvo bajo reserva durante la recopilación de antecedentes y evidencias. Según informó la institución, las diligencias permitieron establecer que los funcionarios habrían facilitado el ingreso irregular de alimentos en cantidades superiores a las autorizadas por la administración penitenciaria.

Los hechos fueron detectados luego de que personal directivo del establecimiento realizara verificaciones en terreno y constatara directamente las irregularidades en el procedimiento de ingreso de encomiendas.

A partir de esas diligencias, Gendarmería pudo establecer el mecanismo utilizado para eludir los controles implementados al interior del recinto.

Desde la institución señalaron que, una vez comprobado el incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Alto Mando, los cuatro funcionarios fueron desvinculados de sus cargos y apercibidos conforme al artículo 46 del Código Procesal Penal.

Alimentos tenían como destino un mercado ilícito

La investigación también contó con apoyo de los equipos de inteligencia institucional, cuyos antecedentes permitieron determinar que las especies ingresadas de manera irregular tendrían como destino el mercado ilícito existente al interior del recinto penitenciario.

Debido a la naturaleza de los hechos, Gendarmería calificó el caso como una situación de especial relevancia para la seguridad y el control interno de la unidad penal.

Todos los antecedentes recopilados fueron remitidos a la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario, organismo que deberá determinar las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

Desde Gendarmería destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones destinadas a detectar y enfrentar hechos de corrupción al interior de los establecimientos penitenciarios, junto con reforzar los estándares de probidad y ética que deben cumplir sus funcionarios.

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