El Gobierno dio por concluido el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, en una operación que permitió recuperar la totalidad de los terrenos contemplados en la intervención y concretar la restitución del área a su propietario.

El cierre de las operaciones fue inspeccionado en terreno por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien estuvo acompañado por autoridades regionales, provinciales y comunales, además de representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Durante la jornada también se verificó el avance de las labores de desarme de las viviendas y de las obras destinadas a impedir una nueva ocupación ilegal del terreno. Entre estas medidas se encuentra la construcción de zanjas mediante maquinaria pesada, intervención que busca dificultar el ingreso y establecimiento de nuevas viviendas en el sector.

Pavez destacó el término del operativo como una señal del Ejecutivo respecto del cumplimiento de las resoluciones judiciales y el respeto al derecho de propiedad.

Según detalló, desde el inicio del proceso, el pasado 30 de junio, se concretó el desalojo y demolición de alrededor de 800 viviendas, involucrando a más de mil personas. Con la segunda etapa se recuperaron cerca de 40 hectáreas, que se suman a las 58,4 hectáreas intervenidas durante la primera fase ejecutada en enero.

En total, el área considerada en el proceso alcanza 98,4 hectáreas. La segunda etapa contempló 1.225 sitios y 853 estructuras habitacionales.

Medidas para evitar una nueva ocupación

El proceso se originó a partir de una resolución de la Corte de Apelaciones dictada en junio de 2023, posteriormente ratificada por la Corte Suprema en marzo de 2024. Ambos fallos reconocieron el derecho de propiedad sobre los terrenos ocupados y ordenaron su desalojo, requiriendo la coordinación de distintos organismos públicos para concretar la medida.

Tras la restitución del predio, las autoridades comenzaron a supervisar las acciones destinadas a evitar una eventual reocupación.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que una de las obligaciones establecidas judicialmente corresponde a la construcción de una zanja y la instalación de un cerco perimetral.

De acuerdo con la autoridad, el propietario ya ha avanzado aproximadamente 500 metros en la excavación, mientras continúan las labores de cierre del terreno.

En paralelo, se abordaron aspectos sanitarios derivados del retiro de las estructuras y de los residuos existentes en el lugar. Según Millones, se estableció una coordinación entre los propietarios y las autoridades de Salud para desarrollar labores de limpieza y un plan de desratización, considerando además el retiro previo de animales y las condiciones de seguridad para quienes viven en las inmediaciones.

Propietario evalúa disponer escombros en el predio

Otra de las alternativas planteadas tras el desalojo contempla la habilitación de un área dentro del mismo terreno para concentrar los escombros provenientes de las demoliciones.

El propietario solicitó autorización para utilizar aproximadamente media hectárea con este objetivo, lo que permitiría despejar el resto del predio y centralizar los residuos derivados de las obras.

La propuesta también considera recuperar y ordenar materiales que puedan ser destinados a reciclaje, como parte de las labores de recuperación del terreno.

Con el cierre de esta etapa, las autoridades esperan consolidar la restitución del predio y evitar que vuelva a ser ocupado, mientras avanzan las medidas de seguridad, limpieza y recuperación del área.

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