El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ratificó que el Gobierno deberá ejecutar el desalojo de la megatoma emplazada en el Cerro Centinela, en San Antonio, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso instruyera dar cumplimiento a la resolución emitida por la Corte Suprema en marzo de 2024.

La orden judicial establece que, en caso de ser necesario, la operación debe ser coordinada entre la Municipalidad de San Antonio y los ministerios del Interior, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, con el propósito de garantizar un proceso ordenado y con apoyo a las familias afectadas.

“El Gobierno está en la obligación de cumplir la sentencia judicial”, señaló el ministro Cordero, confirmando que ya existen coordinaciones con las autoridades locales y el contingente policial que intervendrá en el operativo.

Desde la parte querellante, el abogado de la inmobiliaria propietaria del terreno, Diego Pereira, anunció que solicitarán formalmente a las autoridades los antecedentes sobre las acciones de coordinación, especialmente en lo relativo a las medidas de apoyo y albergue para las más de 10 mil personas que actualmente residen en el lugar.

En tanto, los vecinos de la megatoma mantienen la esperanza de evitar un desalojo forzoso. Mario Reyes, uno de los habitantes del asentamiento, expresó que continúan a la espera de nuevas reuniones con las autoridades para buscar una salida alternativa.

La Subsecretaría del Interior informó, a través de un comunicado, que las solicitudes de audiencia por parte de los representantes legales de la inmobiliaria fueron ingresadas recién este viernes, mientras que las dirigidas a la Delegación Presidencial datan del pasado 30 de septiembre.

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