En una ceremonia realizada en la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso, la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la región presentó su Cuenta Pública correspondiente al año 2025. La actividad fue encabezada por el jefe regional, Fernando Martínez, y contó con la participación de autoridades, representantes de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Durante su exposición, Martínez destacó que uno de los ejes del trabajo institucional ha sido fortalecer la formación en derechos humanos dirigida a funcionarias y funcionarios del Estado, especialmente de Carabineros de Chile y Gendarmería de Chile. Asimismo, subrayó la importancia de las instancias de capacitación orientadas a organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer la exigibilidad y defensa de los derechos fundamentales en distintos territorios.

En el ámbito de promoción y educación, la sede regional desarrolló 58 actividades durante el año, alcanzando a 2.429 personas a través de jornadas formativas, talleres y encuentros de sensibilización. Parte de estas iniciativas se enfocó en organizaciones sociales, funcionarios públicos y espacios abiertos a la ciudadanía. Además, se implementaron dos proyectos especiales: uno orientado a fomentar el trabajo colaborativo entre defensores de derechos humanos vinculados a problemáticas ambientales y otro destinado a reforzar la memoria histórica y la educación en derechos humanos en comunidades escolares, en colaboración con la Corporación Melinka Puchuncaví.

El informe también reveló que durante 2025 se atendieron 597 casos ciudadanos, de los cuales más del 83% correspondieron a denuncias relacionadas con vulneraciones de derechos humanos. En este contexto, el INDH realizó derivaciones para atención especializada, acompañó a víctimas en diligencias judiciales y coordinó acciones con diversas instituciones públicas para apoyar procesos de reparación y acceso a la justicia.

En paralelo, la institución desarrolló 303 gestiones administrativas mediante oficios dirigidos principalmente a fiscalías, municipalidades y delegaciones presidenciales. Estas acciones abordaron materias como desalojos forzosos, acceso al agua y la protección del derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. En el ámbito judicial, el organismo participó en 230 audiencias vinculadas a casos relacionados con derechos humanos.

Finalmente, Martínez advirtió que en la región persisten desafíos relevantes, particularmente en materias como el acceso a la vivienda, los conflictos socioambientales y las vulneraciones de derechos en contextos de custodia estatal o por acciones de agentes del Estado.

La actividad contó con representantes del Gobierno Regional, de la Defensoría Penal Pública, autoridades policiales y organizaciones de la sociedad civil, además de la presencia de Andrés Soffia y agrupaciones vinculadas a la memoria histórica, el medioambiente y la comunidad sorda.

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