Una grave situación se vive en la comuna de Tomé, región del Bío Bío, donde una joven de 30 años con parálisis cerebral, microcefalia y epilepsia fue designada nuevamente como vocal de mesa por el Servicio Electoral (Servel) para las próximas elecciones presidenciales.

La mujer, que permanece postrada y bajo tratamiento neurológico en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, ya había sido nombrada en el mismo cargo en una elección anterior, ocasión en que, pese a justificar su ausencia, fue igualmente multada con 3 UTM.

Su madre, Cecilia Villouta, denunció que el Servel fue informado con todos los antecedentes médicos pertinentes, incluyendo certificados oficiales que acreditan la condición de dependencia total de su hija. Aun así, volvió a ser seleccionada para cumplir funciones en la mesa 42 de la Escuela Bellavista de Tomé.

“No entiendo cómo no cruzan la información con el Registro Civil o el Servicio Nacional de la Discapacidad, donde mi hija está inscrita. Es una falta de humanidad”, expresó la madre, visiblemente afectada.

Ante la reiteración del error, el exsenador Alejandro Navarro presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, buscando impedir que la joven vuelva a ser sancionada económicamente y solicitando que el Servel revise sus protocolos de designación de vocales.

El caso ha generado indignación pública y debate sobre la eficiencia del sistema, especialmente en torno a la necesidad de establecer mecanismos automáticos de exclusión para personas con discapacidades graves registradas oficialmente.

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