Un juez federal de Estados Unidos dio un plazo de 14 días al Gobierno de Donald Trump para entregar el documento utilizado por la Administración para sustentar legalmente los ataques militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico.

La instrucción fue emitida por Paul Engelmayer, magistrado del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien solicitó que el documento sea entregado de manera privada a la corte.

Se trata de un memorando elaborado en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de Estados Unidos (OLC), en el que el Gobierno analiza la autoridad del presidente para ordenar ataques letales, incluidos aquellos ejecutados mediante drones.

El documento fue preparado en el momento en que el Departamento de Defensa comenzó a ejecutar oficialmente este tipo de operaciones.

Juez pide conocer quién tuvo acceso

Además de solicitar el memorando, Engelmayer ordenó a la Administración informar quiénes han tenido acceso al documento, cuándo lo hicieron y con qué propósito.

El magistrado también pidió una base de datos completa que permita identificar y justificar las personas que tuvieron acceso al análisis jurídico elaborado por el Departamento de Justicia.

La orden se enmarca en una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles estadounidenses que buscan acceder al fundamento legal utilizado por el Gobierno para las operaciones.

La acción judicial fue impulsada por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la filial de Nueva York de esta última organización (NYCLU), luego de que el Gobierno no respondiera a una solicitud de información presentada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Más de 70 ataques desde septiembre de 2025

Según los antecedentes expuestos en el caso, desde septiembre de 2025 el Gobierno estadounidense ha realizado más de 70 ataques contra embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico, operaciones que habrían dejado al menos 230 personas muertas.

La solicitud del juez busca establecer qué fundamentos jurídicos utilizó la Administración para determinar que el presidente tenía autoridad para ordenar este tipo de operaciones.

La entrega del memorando no implica una decisión definitiva de la corte respecto de la legalidad de los ataques, sino que forma parte del proceso judicial iniciado para determinar el acceso a los antecedentes que sustentan la política.

El Gobierno deberá responder dentro del plazo de 14 días fijado por el tribunal.

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