Justicia suspende tramitación de rebajas de condena y anuncia cambios legales tras polémica
El ministro Fernando Rabat atribuyó la decisión a un vacío legal relacionado con condenados por delitos sexuales contra menores antes de 2022. El Gobierno impulsará modificaciones legales con discusión inmediata, sin aclarar qué ocurrirá con los beneficios ya otorgados.
El Ministerio de Justicia anunció este viernes la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena y el impulso de modificaciones legales para restringir el acceso a estos beneficios, en medio de los cuestionamientos por su otorgamiento a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes vinculados a violaciones de derechos humanos.
La decisión fue comunicada por la cartera luego de que un análisis de la normativa identificara un eventual “vacío legal” respecto de las restricciones incorporadas en 2022 para acceder a las reducciones de pena, particularmente en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes cometidos antes de la entrada en vigencia de esa reforma.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que el Ejecutivo buscará modificar las disposiciones para impedir que condenados por estos delitos antes de 2022 continúen accediendo al beneficio.
“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, señaló.
El secretario de Estado agregó que la tramitación permanecerá suspendida mientras avanzan las iniciativas legislativas, a las que el Gobierno aplicará discusión inmediata para acelerar su revisión.
Sin embargo, el anuncio no especifica cuánto se extenderá la suspensión, cómo se resolverán las solicitudes que ya están en trámite ni si la medida también abarcará a condenados por otros delitos. Tampoco informa que los decretos previamente concedidos vayan a quedar sin efecto.
Los cuestionamientos a las rebajas de condena
La controversia se intensificó tras conocerse que durante la actual administración se dictaron 56 decretos de rebaja de condena por delitos sexuales contra menores de edad: 27 correspondientes a abuso sexual y 29 a violación. Los antecedentes fueron revelados inicialmente por Interferencia y motivaron críticas de parlamentarios, además de gestiones del Partido Comunista para reunir firmas con miras a una eventual interpelación al ministro.
Hasta ahora, la explicación de Justicia se centraba en la reforma legal de 2022, que estableció restricciones para acceder a estas reducciones. Según la interpretación defendida por la cartera, la jurisprudencia mayoritaria y reiterada de la Corte Suprema impedía aplicar esas exclusiones a delitos cometidos antes del 9 de febrero de ese año.
No obstante, una revisión de cuatro causas realizada por BioBioChile identificó fallos en los que el máximo tribunal respaldó la negativa a conceder el beneficio por hechos anteriores a la reforma. Tres de esas resoluciones fueron dictadas durante el actual Gobierno.
Estos antecedentes no acreditan por sí solos que los 56 decretos sean ilegales, pero ponen en discusión el argumento de que su otorgamiento respondía necesariamente a una exigencia jurídica.
La polémica también alcanzó a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura. Justicia informó la existencia de tres decretos de rebaja vinculados a delitos de secuestro calificado y tortura, dos de ellos correspondientes a internos de Punta Peuco. Entre los casos conocidos figura el de César Acuña Luengo, exagente de la CNI condenado por los secuestros de cinco detenidos desaparecidos en 1987, a quien se le descontaron 19 meses de condena.
Los cambios legales que prepara el Gobierno
Entre las modificaciones anunciadas se encuentra una revisión del procedimiento para conceder rebajas de condena, de las causales de exclusión y de los requisitos exigibles a los postulantes, considerando la fecha en que se cometieron los delitos.
El ministerio también contempla incorporar disposiciones que garanticen el derecho de las víctimas a ser oídas durante estos procedimientos, junto con nuevas indicaciones e iniciativas para restringir el acceso a los beneficios.
En paralelo, el Ejecutivo impulsará el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, iniciativa que, según informó la cartera, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
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