El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) amplió las acciones judiciales relacionadas con el proceso de reconstrucción de la población El Olivar, en Viña del Mar, afectada por el megaincendio del 2 de febrero de 2024. La cartera solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) analizar los antecedentes recopilados e interponer una querella criminal por una serie de presuntas irregularidades detectadas en la ejecución de proyectos habitacionales.

Según informó el ministerio, las investigaciones administrativas y técnicas realizadas permitieron identificar posibles delitos vinculados a las Entidades Patrocinantes Social Arquitectura Ltda. y Uno a Uno SpA, entre ellos falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento falso, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y eventuales riesgos a la seguridad estructural de las viviendas.

Uno de los principales hallazgos apunta a la obtención irregular de un aumento de categoría por parte de Social Arquitectura en el Registro Regional de Asistencia Técnica (CRAT). La entidad habría utilizado un certificado firmado por el entonces director de SERVIU Valparaíso, que acreditaba experiencia técnica en proyectos que, según la investigación, no cumplían con los requisitos exigidos y algunos incluso registraban nulo avance de ejecución.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, este documento permitió que la entidad accediera a proyectos habitacionales de alta complejidad sin contar con la experiencia real requerida. Asimismo, se detectó la participación del exdirector de SERVIU en reuniones vinculadas a procesos de adjudicación junto a representantes de la entidad patrocinante y de la Constructora San Sebastián.

La investigación también reveló posibles conflictos de interés al interior del SERVIU Valparaíso. Una funcionaria habría revisado y aprobado antecedentes de proyectos asociados a Social Arquitectura sin declarar vínculos familiares con uno de los socios de la empresa.

En paralelo, el MINVU identificó que la Entidad Patrocinante Uno a Uno SpA habría suscrito convenios de asistencia técnica omitiendo inhabilidades relacionadas con vínculos familiares con funcionarios públicos y desempeños previos dentro del propio ministerio.

Sumarios administrativos y auditoría nacional

A raíz de estos antecedentes, el ministerio instruyó dos sumarios administrativos destinados a establecer eventuales responsabilidades de funcionarios involucrados en los hechos investigados.

Además, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo ordenó una auditoría nacional sobre todos los Convenios Regionales de Asistencia Técnica vigentes en el país. El proceso revisará aspectos como declaraciones juradas, posibles conflictos de interés, traspasos de proyectos, estado técnico de las obras y funcionamiento de entidades patrocinantes.

Denuncias previas por deficiencias constructivas

Las acciones judiciales se suman a una denuncia presentada en marzo de 2026 contra la Constructora San Sebastián y Social Arquitectura, tras detectarse graves deficiencias en viviendas en construcción para familias damnificadas.

Entre las irregularidades denunciadas figuran el uso de sistemas constructivos no autorizados, problemas estructurales con riesgos sísmicos, incumplimientos de normas contra incendios y aislamiento acústico, modificaciones de materiales sin autorización de las familias beneficiarias y presuntas amenazas a quienes intentaron cambiar de entidad patrocinante.

El ministerio informó además que las medidas adoptadas, incluyendo la paralización y demolición de obras observadas, continúan vigentes y no han sido suspendidas por resoluciones judiciales.

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