El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció que presentará recursos de protección y acciones civiles contra las empresas responsables del proyecto de reconstrucción en el sector El Olivar, en Viña del Mar, tras detectar graves deficiencias estructurales en las viviendas construidas luego del megaincendio de febrero de 2024.

La información fue confirmada por el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, quien explicó que las acciones judiciales buscan restablecer los derechos de las familias damnificadas y avanzar en la reactivación del proceso de reconstrucción.

«El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha decidido interponer recursos de protección y acciones civiles con el objetivo de restablecer el derecho vulnerado de cientos de familias damnificadas de El Olivar, que han sido víctimas de una reconstrucción fracasada y de una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras», señaló la autoridad.

La decisión se produce en medio de la controversia por la demolición de viviendas levantadas tras la emergencia, luego que informes técnicos detectaran incumplimientos en materia de seguridad estructural, resistencia sísmica y protección contra incendios.

En ese contexto, el Minvu confirmó además el término de los contratos con la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián, las que actualmente enfrentan querellas por presuntos delitos como estafa, amenazas y tráfico de influencias.

Según explicó Ruiz, la determinación cuenta con el respaldo de las familias afectadas, quienes solicitaron no seguir retrasando la reconstrucción de sus viviendas.

Desde la cartera precisaron que los informes elaborados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu y el Idiem de la Universidad de Chile detectaron graves deficiencias estructurales e incumplimientos de la normativa sísmica y de resistencia al fuego en las viviendas construidas.

Asimismo, el ministerio sostuvo que el proceso permanece paralizado debido a acciones judiciales presentadas por la constructora y un grupo minoritario de vecinos, situación que mantiene detenida la reconstrucción de 140 viviendas que ya contaban con autorización de demolición, además de otras 187 donde las obras aún no comenzaban.

Respecto del estado de avance de los proyectos, el seremi indicó que «de las 330 viviendas paralizadas por esta acción judicial, el 58% presentaba un avance de entre un 0,1% y un 2,6%», evidenciando el escaso progreso de gran parte de las obras.

Finalmente, Ruiz enfatizó que el Gobierno no permitirá la entrega de viviendas que no cumplan con los estándares de seguridad exigidos.

«Como ministerio no vamos a normalizar la práctica de entregar casas parchadas o falladas a familias que están en condición vulnerable», concluyó.

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