El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) desestimó las acusaciones contenidas en la querella presentada por la entidad patrocinante Social Arquitectura, en el contexto del proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, afectado por el incendio de febrero de 2024.

Desde la cartera señalaron que las determinaciones adoptadas durante el desarrollo del proyecto han respondido a evaluaciones técnicas y al cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de asegurar viviendas seguras y adecuadas para las familias damnificadas.

En esa línea, el ministerio explicó que los informes elaborados por los Fiscalizadores Técnicos de Obra (FTO) del Serviu de Valparaíso corresponden a documentos emitidos por organismos con competencia técnica en la región, descartando que exista falsificación en dichos antecedentes. Asimismo, indicaron que cualquier eventual error administrativo debe ser revisado por las instancias regionales correspondientes.

Respecto a las acusaciones de coacción, el Minvu sostuvo que las actuaciones del ministerio y del Serviu se encuentran dentro de las atribuciones legales establecidas. Según explicó la subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, el ministro de la cartera ha ejercido su rol de supervisión conforme a la normativa, particularmente frente a situaciones técnicas que requieren intervención.

La autoridad agregó que la acusación de fraude al Fisco carece de fundamento, argumentando que las acciones del ministerio buscan precisamente evitar que el Estado continúe financiando proyectos que presenten observaciones o problemas de diseño, lo que podría generar mayores costos a futuro.

Además, recordaron que previamente el propio ministro presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la Constructora San Sebastián Ltda. y Social Arquitectura, por presuntos delitos como fraude al Fisco, estafa, certificación fraudulenta, coacción y amenazas contra familias beneficiarias.

Actualmente, los antecedentes ya se encuentran en manos de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado, mientras que será la justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades.

El proyecto contempla 356 viviendas destinadas a familias que perdieron sus hogares en el incendio del 2 de febrero de 2024. Desde el ministerio reiteraron que el objetivo principal es avanzar en soluciones habitacionales seguras y dignas para quienes aún esperan reconstruir sus vidas.

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