Un nuevo proyecto de ley ingresó al Congreso con el objetivo de fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia y mejorar las herramientas disponibles para prevenir nuevas agresiones durante la tramitación de las causas judiciales.

La iniciativa, denominada “Cautelares Reforzadas”, fue impulsada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y contempla modificaciones a diversas normas relacionadas con violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, Tribunales de Familia, monitoreo telemático, seguridad pública municipal y el Código Procesal Penal.

Uno de los principales cambios propuestos apunta a evitar que una víctima quede temporalmente sin protección cuando una causa pasa desde un Tribunal de Familia hacia la justicia penal. Para ello, las medidas cautelares continuarán vigentes durante el proceso de traspaso y mientras se determina qué tribunal debe continuar conociendo el caso.

El proyecto también incorpora una respuesta específica frente a una modalidad de violencia que ha adquirido mayor presencia con el desarrollo de las plataformas digitales: el hostigamiento y acoso mediante redes sociales y otros medios tecnológicos.

La nueva medida cautelar permitirá abordar situaciones en que los agresores utilizan herramientas digitales para amenazar, perseguir o acosar a sus víctimas, incluso cuando existen prohibiciones de acercamiento físico.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Rafael González, destacó precisamente esta actualización de la legislación y sostuvo que las nuevas herramientas permitirán responder a formas de agresión que no necesariamente requieren contacto presencial.

“Este proyecto de ley busca mejorar el sistema de medidas cautelares con el objeto de dar una mejor protección a las víctimas de estos ilícitos”, afirmó González, quien agregó que la propuesta incorpora sanciones frente al hostigamiento digital y adapta la normativa a los cambios tecnológicos.

Desde la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Valparaíso, Pamela Reyes valoró la iniciativa y señaló que el objetivo es entregar una protección permanente y efectiva a las mujeres que recurren al Estado en busca de resguardo.

“Cuando una mujer pide protección, el Estado debe responder oportunamente y con todas las herramientas necesarias, también frente a nuevas formas de violencia como el hostigamiento digital”, sostuvo.

Durante la presentación de la iniciativa, el ministro Fernando Rabat explicó que uno de sus propósitos centrales es impedir que las víctimas queden desprotegidas mientras sus causas avanzan entre distintas instancias judiciales.

El secretario de Estado también puso énfasis en la violencia ejercida a través de plataformas digitales, señalando que este tipo de agresiones puede provocar consecuencias psicológicas y, eventualmente, derivar en situaciones de violencia física.

Otro de los ejes del proyecto apunta a endurecer las consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares decretadas por los tribunales. De esta manera, se busca reforzar el carácter efectivo de las prohibiciones y medidas de protección que actualmente se aplican en estos casos.

La propuesta contempla además una mayor participación de los inspectores de seguridad municipal en la fiscalización de determinadas medidas cautelares, ampliando las capacidades de supervisión y control en el territorio.

Asimismo, se establecen consecuencias específicas para quienes destruyan o dañen dispositivos utilizados para el monitoreo telemático de personas sujetas a medidas de protección en causas relacionadas con violencia intrafamiliar.

La ministra Judith Marín señaló que precisamente el fortalecimiento de las consecuencias frente al incumplimiento constituye uno de los objetivos centrales de la propuesta.

“Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia”, afirmó la secretaria de Estado, destacando que el trabajo de su cartera apunta no solo a prevenir las agresiones contra las mujeres, sino también a mejorar la respuesta institucional frente a quienes ya son víctimas.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca reforzar la protección durante todo el proceso judicial, ampliar las herramientas disponibles frente a nuevas modalidades de violencia y fortalecer la fiscalización del cumplimiento de las medidas decretadas por los tribunales.

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