Ahora en temas de carácter nacional, la Cámara de Diputados aprobó un controvertido proyecto de ley impulsado por el Gobierno y respaldado por la oposición, que busca acelerar la tramitación de permisos sectoriales para proyectos de inversión, reduciendo los tiempos entre un 30% y 70%. 

La medida fue celebrada por el sector empresarial, que considera que ayudará a dinamizar la economía, reducir la burocracia y atraer nuevas inversiones. Sin embargo, grupos ambientalistas y algunos diputados socialistas han criticado duramente la nueva ley, argumentando que debilita los controles ambientales y abre la puerta a proyectos contaminantes sin una evaluación rigurosa, por lo que ya está en evaluación llevar el caso al Tribunal Constitucional (TC).

A su vez organizaciones como Escazú Ahora, quienes promueven el Acuerdo de Escazú, se han referido a que estos avances van en contra del acuerdo, promoviendo la ambigüedad e impunidad. Durante este año, la organización había denunciado también que entre los años 2023 y 2024 se triplicó la violencia física contra defensores ambientales del país. 

Al respecto de la decisión, el diputado por el Partido Ecologista Verde, Felix Gonzalez, fue enfático. “¿Este es el gobierno ecologista que prometieron? (…) Por algo hay funcionarios públicos revisando permisos, si eso lo cambiamos por declaraciones juradas lo que pasa es que tendríamos que confiar. Y yo no confío en todos los empresarios”, señaló.

Asimismo, la diputada independiente Camila Musante, expresó su rechazo a la decisión, “El proyecto genera daño e impacto ambiental. Expone a un nivel alto de vulnerabilidad a nuestra instintucionalidad ambiental a ser objeto de corrupción”, explicó.  

La ley incorpora herramientas como el uso obligatorio de formularios digitales, plazos máximos de respuesta, y el polémico silencio administrativo positivo, que permite aprobar permisos si no hay respuesta dentro del plazo. También se podrán reemplazar autorizaciones de bajo riesgo por declaraciones juradas, sujetas a fiscalización posterior. Las organizaciones medioambientales advierten que esto beneficiará sobre todo a grandes empresas, dejando fuera a pequeños actores y debilitando los estándares de protección del medioambiente y la salud. Para impugnar la ley ante el TC, se necesita el apoyo de al menos 39 diputados, meta que ya están buscando alcanzar.

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