El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, respondió este viernes a la querella criminal presentada por la Entidad Patrocinante Social Arquitectura Ltda ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, acción judicial que cuestiona la demolición de viviendas construidas en el sector de El Olivar, una de las zonas afectadas por el megaincendio de 2024.

La querella, ingresada por la entidad patrocinante, acusa al secretario de Estado de presuntos delitos vinculados al uso indebido de facultades públicas, interferencia en contratos vigentes y la emisión de resoluciones consideradas injustificadas. Sin embargo, Poduje rechazó categóricamente dichas imputaciones y aseguró que las decisiones adoptadas por el Ministerio se fundamentan en graves deficiencias detectadas en las viviendas construidas.

Según explicó el ministro, las acciones judiciales provienen de una empresa vinculada a la constructora San Sebastián, a la que acusó de haber levantado cerca de 150 viviendas sin cumplir los estándares técnicos exigidos.

“Estas querellas están presentadas por una empresa que construyó viviendas sin los estudios estructurales adecuados, vulnerando normas de resistencia al fuego y utilizando materiales que no estaban certificados”, afirmó.

Poduje señaló además que la detección de estas irregularidades se originó a partir de denuncias realizadas por un proveedor de materiales. En ese contexto, informó que el Ministerio ya presentó cuatro querellas por presuntos delitos de fraude al Fisco, estafa y negociación incompatible, apuntando a eventuales vínculos entre la empresa y funcionarios públicos.

La autoridad también reveló que existen sumarios administrativos en curso contra inspectores fiscales que, según indicó, no habrían cumplido adecuadamente sus labores de fiscalización durante la ejecución de los proyectos habitacionales.

Respecto a las críticas por la paralización y demolición de las viviendas observadas, Poduje sostuvo que el Gobierno no está dispuesto a entregar soluciones habitacionales que presenten fallas estructurales o de seguridad.

“No vamos a entregar casas parchadas, reforzadas o con problemas. Las familias damnificadas merecen viviendas seguras y de calidad”, enfatizó.

El titular del Minvu agregó que las empresas involucradas tienen pleno derecho a recurrir a los tribunales, aunque aseguró que el Ejecutivo continuará defendiendo sus decisiones ante la justicia. Asimismo, indicó que buscarán recuperar cerca de 30 mil millones de pesos que, a juicio del Ministerio, corresponden a recursos comprometidos en proyectos cuestionados.

Durante una entrevista en el programa “Próceres”, Poduje insistió en que las acciones judiciales forman parte del funcionamiento normal del Estado de derecho y aseguró que será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, la controversia suma un nuevo capítulo en medio del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el megaincendio en la región de Valparaíso, donde cientos de familias aún esperan una solución habitacional definitiva.

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