La abogada Jeanette Bruna, representante de la familia del empresario Alejandro Correa, calificó como “complejo” que la demolición de la toma Calicheros en Quilpué se concrete durante septiembre, tal como anunció la seremi de Vivienda, Belén Paredes. Las dudas surgen porque recién el 29 de agosto se conformó una mesa de trabajo entre el Serviu y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, encargada de coordinar la ejecución de la medida. Bruna solicitó directamente a la autoridad una fecha exacta, advirtiendo que el anuncio no entrega certezas a la familia.

Recapitulando, en agosto de 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió demoler las construcciones levantadas ilegalmente en el terreno de Correa, asesinado por encargo en 2020. La sentencia respondió a un recurso de protección presentado por sus familiares. Sin embargo, ha pasado más de un año desde la resolución sin que se ejecute, lo que ha generado frustración en la familia.

El abogado penalista Cristian Canifrou señaló que, dado el retraso, los propietarios podrían solicitar que se decrete el desacato de los órganos del Estado encargados de dar cumplimiento a la orden judicial La familia insiste en que la demora vulnera nuevamente sus derechos y posterga la restitución del terreno. Desde el Estado, en tanto, se argumenta que la coordinación logística y administrativa es necesaria para ejecutar la demolición de manera segura. La discusión sobre la fecha exacta será clave en las próximas semanas, en medio de un escenario donde el cumplimiento de la orden judicial ya se percibe como una deuda pendiente.

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