Ocho querellas criminales fueron presentadas contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; el seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz; y el director regional del Serviu, Rodrigo Muñoz, por parte de familias damnificadas por el megaincendio que afectó a Viña del Mar en 2024.

Las acciones judiciales fueron interpuestas por vecinos del sector El Olivar, quienes denuncian presuntas irregularidades en el proceso de reconstrucción. Según sostienen, la paralización de las obras y el término de los contratos se habrían sustentado en documentos falsificados utilizados para justificar la demolición de viviendas contempladas en el plan habitacional.

El abogado de las familias, Juan Andrés Pavez, explicó que las querellas atribuyen a las autoridades los presuntos delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público.

De acuerdo con el representante legal, el Ministerio de Vivienda busca demoler cerca de 170 viviendas sociales argumentando supuestas fallas constructivas, decisión que, a su juicio, carece de sustento técnico.

Pavez afirmó que muchas de las viviendas presentan avances de entre un 95% y un 98%, por lo que cuestionó que aún no hayan sido entregadas a sus propietarios. Agregó que entre los afectados hay adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves y familias con menores de edad que continúan viviendo como allegados.

Asimismo, sostuvo que diversos informes técnicos y especialistas, entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura Cristián Castillo, no recomendarían la demolición de los inmuebles.

Estas querellas se suman a otra acción judicial presentada el pasado 5 de junio por la empresa Social Arquitectura, entidad patrocinante del proyecto habitacional, que también acusa a las mismas autoridades de presuntos delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público y fraude al Fisco.

Según dicha empresa, las decisiones adoptadas habrían excedido las atribuciones legales de las autoridades y derivado, entre otras consecuencias, en la demolición de cuatro viviendas que, según los informes técnicos, no presentaban observaciones.

En paralelo, las familias mantienen pendiente la resolución de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el que buscan impedir nuevas demoliciones de viviendas sociales en el sector El Olivar.

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