En el marco del plan de austeridad impulsado por La Moneda, el Ejecutivo instruyó a la Presidencia aplicar un recorte presupuestario que alcanzará los $706 millones, como parte de la reducción transversal del 3% del gasto público en todos los ministerios.

El ajuste contempla una revisión de los gastos asociados a personal y a las actividades del mandatario, incluyendo eventuales modificaciones en contrataciones, funciones y equipos, así como una disminución en los costos vinculados a giras, ceremonias y eventos oficiales.

La medida responde tanto a la necesidad de enfrentar un escenario de estrechez fiscal como a un objetivo político: reforzar el discurso de austeridad que ha marcado el inicio de la actual administración.

Desde el ámbito académico, el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Talca, Mario Herrera, valoró la decisión como una señal positiva en medio de cuestionamientos a la coherencia del relato gubernamental.

En tanto, el economista del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, advirtió que el principal desafío radica en el alto nivel de gasto ya comprometido, señalando que la efectividad de estas medidas se verá reflejada en el presupuesto de 2027.

El proceso de ajuste no ha estado exento de tensiones. Mientras algunas carteras, como Salud, buscan moderar el impacto de los recortes, otras, como el Ministerio de la Mujer, han manifestado su disposición a cumplir con la reducción en su totalidad.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, indicó que su cartera aún evalúa las áreas específicas donde se aplicarán las rebajas, en medio de negociaciones con el Ministerio de Hacienda.

Se espera que durante la próxima semana concluyan las reuniones entre Hacienda y las distintas carteras, con el fin de definir los ajustes finales al gasto fiscal en el marco de esta política de contención presupuestaria.

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