Durante la inauguración del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en Limache, el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto que crea la Política Nacional de Seguridad Pública (PNSP), un documento que fija la hoja de ruta del Estado en materia de seguridad para el período 2025-2031.

Se trata de la primera política nacional de seguridad en más de dos décadas, elaborada en el marco del nuevo diseño institucional establecido por la Ley N° 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública. El texto busca enfrentar los desafíos actuales del crimen y la violencia con una respuesta integral, coordinada y sustentada en evidencia, estableciendo principios, orientaciones estratégicas y metas para las instituciones del Sistema de Seguridad Pública.

La seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, destacó la relevancia del anuncio realizado en la región. “Esto marca un hito para nuestro territorio, porque desde Limache el Presidente lanza una política que nos entrega una hoja de ruta clara en materia de seguridad. Permite coordinar mejor a todas las instituciones involucradas, desde la prevención hasta la reinserción social y la atención a víctimas, además de fortalecer el trabajo territorial en los barrios”, sostuvo.

Romero agregó que esta política “va a contribuir de manera concreta a mejorar la seguridad en la región y en todo el país, porque nos da un marco operativo común y objetivos compartidos entre los distintos actores del sistema”.

Seis ejes de acción para enfrentar el delito

La nueva PNSP tiene como objetivo principal reducir los delitos violentos y el temor ciudadano, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Para lograrlo, define seis ámbitos de acción prioritarios:

• Prevención en niñez, adolescencia y juventud.

• Prevención territorial.

• Control del delito.

• Persecución penal.

• Sanción, cárceles y reinserción social.

• Atención y protección a víctimas.

Estos lineamientos servirán de base para la elaboración de estrategias específicas por parte de las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad Pública, las cuales serán evaluadas y ajustadas cada dos años.

El documento fue elaborado mediante un proceso técnico y participativo que incluyó a organismos como el Ministerio Público, Carabineros, PDI, Gendarmería, ministerios sectoriales, municipalidades, gobiernos regionales, centros de estudio, parlamentarios y representantes de la sociedad civil.

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