El Gobierno puso en marcha este lunes una comisión asesora presidencial que tendrá como objetivo revisar y proponer cambios al sistema de empleo público, con especial foco en la modernización del Estatuto Administrativo.

La instancia, denominada Comisión Asesora Presidencial para la Modernización del Empleo Público, estará conformada por 12 integrantes de distintas trayectorias técnicas y políticas. El grupo contará con un plazo de 120 días para elaborar sus propuestas, proceso que contempla además un diálogo con académicos, parlamentarios y organizaciones gremiales.

Entre los integrantes se encuentran la expresidenta de la Comisión Asesora para la Probidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil, María Jaraquemada; el excontralor general Ramiro Mendoza; las exautoridades de la administración de Gabriel Boric Macarena Lobos y Heidi Berner; el exdirector de Presupuestos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo; y el director ejecutivo de FARO UDD y exdiputado UDI, Ernesto Silva.

Durante la presentación, realizada en el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast sostuvo que existe un diagnóstico compartido respecto de la necesidad de introducir cambios al funcionamiento del Estado.

El Mandatario afirmó que existe un amplio consenso técnico sobre las alternativas para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos, aunque reconoció que se trata de una reforma cuyos resultados se proyectan principalmente en el largo plazo.

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó que el país debe actualizar estructuras laborales que, a su juicio, no responden completamente a los cambios tecnológicos ni a las nuevas tareas que ha asumido el Estado.

ANEF se abre a participar

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), su presidente, José Pérez, manifestó la disposición del gremio a participar en la discusión y entregar la experiencia de los trabajadores del sector público.

El dirigente sostuvo que esta instancia también representa una oportunidad para abordar otros temas que preocupan a los funcionarios, entre ellos la Ley de Presupuesto 2027, el reajuste del sector público y la renovación de contratos prevista para noviembre.

La conformación de la comisión se conoció el mismo día en que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió sobre la posibilidad de que la deuda pública supere el nivel prudente equivalente al 45% del PIB a partir de 2029, en caso de que no se implementen medidas para ajustar los ingresos o el gasto fiscal.

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