Más de la mitad de las comunas de la Región de Valparaíso todavía no cuenta con un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD) formalizado, instrumento destinado a preparar a los territorios y reducir sus vulnerabilidades antes de que ocurran emergencias.

Así lo determinó un estudio elaborado por Corporación Ciudades a partir de información de Senapred actualizada a julio de 2026. Según el análisis, 20 de las 38 comunas de la región se encuentran sin este instrumento, equivalente a cerca del 53% del total regional.

Los PCRRD contemplan medidas de mitigación y preparación frente a desastres, permitiendo que cada municipio defina acciones de acuerdo con las amenazas y vulnerabilidades particulares de su territorio. Entre ellas se encuentran estudios de riesgo, catastros, mejoras de infraestructura crítica, sistemas de alerta temprana y mecanismos de información y participación comunitaria.

Región de Valparaíso

De acuerdo con el estudio, las 20 comunas que no cuentan con un PCRRD formalizado son Juan Fernández, Puchuncaví, Quintero, Isla de Pascua, Los Andes, Calle Larga, Rinconada, Cabildo, Petorca, Quillota, La Calera, Hijuelas, La Cruz, Nogales, Cartagena, Catemu, Panquehue, Putaendo, Santa María y Limache.

De este grupo, Juan Fernández, Los Andes, Petorca, Putaendo y Limache cuentan con planes nuevos recomendados técnicamente y en proceso de formalización. En tanto, Calle Larga y Cartagena poseen planes nuevos que todavía no han recibido recomendación técnica.

En contraste, las 18 comunas que sí registran un plan con decreto alcaldicio son Valparaíso, Casablanca, Concón, Viña del Mar, San Esteban, La Ligua, Papudo, Zapallar, San Antonio, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Santo Domingo, San Felipe, Llaillay, Quilpué, Olmué y Villa Alemana.

En los casos de San Antonio y Quilpué, además, se registran procesos de actualización de sus respectivos instrumentos.

Los planes deben, además, vincularse con otros instrumentos de planificación municipal, como los Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco) y los Planes Reguladores Comunales (PRC), de manera que la reducción del riesgo sea incorporada en las decisiones sobre el territorio.

“La gestión del riesgo tiene una dimensión eminentemente territorial. Cada comuna presenta amenazas, condiciones urbanas y vulnerabilidades distintas, por lo que disponer de estos instrumentos permite pasar de un diagnóstico general a acciones concretas de prevención y preparación acordes con la realidad local”, explicó Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades.

El 37% de las comunas del país tampoco tiene el instrumento

La situación de la Región de Valparaíso forma parte de una brecha que también se mantiene a nivel nacional.

El estudio estableció que 218 comunas, equivalentes al 63% del país, poseen un PCRRD con decreto alcaldicio, mientras que otras 127 comunas, correspondientes al 37%, todavía no cuentan con el instrumento formalizado.

Sin embargo, esto no significa necesariamente que esas 127 comunas no hayan avanzado en su elaboración. Según el análisis, 76 tienen planes sin revisión; 30 poseen planes nuevos que todavía no han sido recomendados técnicamente; 14 mantienen documentos nuevos en revisión y siete cuentan con planes recomendados técnicamente que están en proceso de formalización.

“Hay comunas donde existe trabajo avanzado, pero todavía falta completar etapas técnicas o administrativas para disponer de un instrumento formalizado”, señaló Andrade, quien agregó que acelerar estos procesos es relevante para que los planes puedan orientar efectivamente inversiones, decisiones y medidas preventivas.

El estudio también evidenció diferencias entre las distintas regiones del país. Magallanes, La Araucanía, Maule, Metropolitana, Los Ríos y Ñuble tienen más del 80% de sus comunas con PCRRD.

En contraste, en las regiones del norte, 34 de 44 comunas, equivalentes al 77%, todavía no cuentan con un plan con decreto municipal.

Desde Corporación Ciudades recalcaron que la reducción del riesgo debe comenzar antes de que ocurra una emergencia, mediante la identificación de vulnerabilidades y la incorporación de estos antecedentes en la planificación de las ciudades, con el objetivo de disminuir la exposición de las personas y de la infraestructura.

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